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El agua del molino

  • Raúl Carrancá y Rivas

El tan llevado y traído desafuero

El tema viene a colación porque ante la solicitud de la Procuraduría General de la República para que se le quite el fuero constitucional a la diputada panista sinaloense, Lucero Guadalupe Sánchez López, presunta responsable de falsificar un documento oficial para visitar en el penal del Altiplano al líder del cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, el coordinador de la bancada del PRI en San Lázaro, César Camacho Quiroz, dijo que con el propósito de llevar a cabo la solicitud de la Procuraduría, habrá que convocar a un período extraordinario después de los 13 procesos electorales del día cinco de junio próximo. Por mi parte no dejo de sorprenderme de que en altos círculos del Gobierno (Poder Ejecutivo y Poder Legislativo) se tenga una idea tan confusa acerca del llamado fuero. En rigor jurídico y constitucional pretender quitarle el fuero a alguien es querer quitar lo que no es, lo que no existe. Al respecto mi razonamiento es muy simple y a mi juicio evidente. Al efecto no hay más que leer la Constitución, que es la Ley Suprema del  país y que rige sobre todas las constituciones del interior de México. En su Artículo 13 se lee lo siguiente: “Nadie puede ser juzgado por leyes privativas ni por tribunales especiales. Ninguna persona o corporación puede tener fuero” (dejando a salvo el fuero de guerra). El mandato es terminante, categórico. Añádase que está dentro del Título Primero, Capítulo I, denominado “De los Derechos Humanos y sus Garantías”. O sea, que no puede ser desoído ni desacatado y que impera, por razones obvias, sobre el resto de la propia Constitución. Yo sostengo en la especie que la Constitución es un cuerpo unitario, que no se puede dividir sin que su esencia se destruya o altere, lo que impide en tal cuerpo toda posible contradicción aunque sí caben las excepciones. Sin embargo, y la lógica jurídica lo enseña, una cosa es la contradicción y otra muy distinta la excepción que en realidad confirma la regla.

Ahora bien, el párrafo segundo del Artículo 61 constitucional dice a la letra: “El Presidente de cada Cámara (de diputados y senadores) velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”. ¿Cuál fuero, si el Artículo 13 lo prohíbe? No hay duda, el Artículo 61 contradice a aquel. Hay juristas que, con el debido respeto, abundan de una imaginación desbordada y defienden la tesis de que la Constitución se puede contradecir. Yo estoy en absoluto desacuerdo porque, insisto, la Constitución es un cuerpo unitario sostenido por un discurso también unitario, que es una serie de palabras y frases empleadas para manifestar lo que se piensa. Y, por lo tanto, el constituyente prohibió terminante el fuero. ¿Cuál fuero quitar, repito? El error, que no ha sido corregido, se ha llevado caprichosamente y sin el menor fundamento hasta el Título Cuarto, De las Responsabilidades de los Servidores Públicos y Patrimonial del Estado, para que en casos de responsabilidad penal o de juicio político se le retire al acusado el supuesto fuero. ¡Otro error! De lo que se trata como una obligación de diputados y senadores, es de cumplir con la que se llama declaración de procedencia, de ver si procede el ejercicio, lo que es muy diferente a quitar el fuero, de las acciones de juicio político o de responsabilidad penal. Asunto de otra naturaleza, aunque colateral, es el de precisar si las funciones conferidas en el Título Cuarto a las cámaras de diputados y senadores, respectivamente, no violan por su parte el mandato del Artículo 13 constitucional, a saber, que “nadie puede ser juzgado por tribunales especiales”. ¿O no están fungiendo como tribunales especiales que incoan un juicio o proceso hasta su culminación, y en los que incluso se dicta sentencia con la que se impone una pena, atribución, ésta, exclusiva de la autoridad judicial?

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