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El Agua del Molino

  • Raúl Carrancá y Rivas

  • Raúl Carrancá y Rivas
  • El juicio político

El artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice a la letra que “la destitución del servidor público y su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público”, que son sanciones, se aplicarán “a los servidores públicos señalados en el mismo precepto (artículo 110), cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho”, prescribiendo en su parte final que “Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, puede formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, respecto de las conductas a las que se refiere el presente artículo”. Siendo que el artículo 119 ordena categóricamente que “Las resoluciones y declaraciones de las Cámaras de Diputados y Senadores serán inatacables”. Sobre el particular la Ley de Amparo vigente prohíbe en su artículo 61, fracción VII, la interposición de ese juicio en la materia, salvo en cuestiones de forma que afecten el procedimiento, pero nunca en el fondo, en la sustancia. Por su parte las constituciones de los Estados y obviamente la de Morelos en su artículo 136, incluyen en condiciones similares a los presidentes municipales como sujetos de juicio político.

Ahora bien, en el caso de Morelos el presidente municipal, Cuauhtémoc Blanco Bravo, interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alegando la inconstitucionalidad del artículo 16 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, que norma el procedimiento de juicio político. En tal virtud el Máximo Tribunal, de naturaleza eminentemente constitucional, deberá resolver el contenido de dicha controversia, aunque con base en ello ha emitido una resolución, un proveído, en que le concede al quejoso, o sea, al Presidente Municipal de Cuernavaca, la suspensión del acto reclamado, pero solo y exclusivamente para el efecto de que se continúe con el procedimiento de juicio político, llegando a la resolución final a cargo del Tribunal Superior del Estado, misma que en el caso de ser una sentencia condenatoria, no se podrá ejecutar sino hasta que la Suprema Corte emita su fallo en relación con la controversia de que se trata. Lo que pasa es que ha habido confusión, en el sentido de que en algunos medios se ha difundido la falsa noticia de que el juicio político, digamos, se vino abajo, lo que es absolutamente falso. Se trata, entonces, de una especie de prórroga. En lo tocante a la posible inconstitucionalidad del citado artículo 16 de la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Morelos, que norma el procedimiento de juicio político, contiene una disposición que no hace más que coincidir con la Constitución de la República y por ende, con la del Estado de Morelos. Sin embargo, habrá que esperar el fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero sin que se ejecute una posible sentencia condenatoria. Ejecución que obviamente, sería posterior. Por lo tanto, sigue en pie el señalamiento de la materia del juicio político que se interpuso, a saber, la inconstitucionalidad de varias acciones, debidamente demostradas con las pruebas conducentes, en que ha incurrido el hasta hoy Presidente Municipal de Cuernavaca. Debo aclarar que en un juicio de la naturaleza del político, no intervienen las posibles razones personales sino únicamente las que atañen al ejercicio indebido, ilegal y violatorio de la Carta Magna del país, del servidor público encargado de una responsabilidad política.
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