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El Agua del Molino

  • Raúl Carrancá y Rivas

Raúl Carrancá y Rivas

El artículo 20 de la Constitución dice en su primer párrafo a partir de la reforma constitucional de 2008 en materia de justicia penal y seguridad pública: “El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación”. La primera pregunta que uno se hace es si el anterior sistema, derivado de la propia Constitución de 1917 y del Código Federal de Procedimientos Penales de 1934, no consagraba esos principios. Desde luego el anterior sistema no era secreto sino contradictorio (el Derecho Procesal Penal, de suyo, lo ha sido siempre); contenía concentración, que se refiere a la práctica de los medios probatorios, a la exposición de los hechos y a la presentación de las pruebas; era también continuo, es decir, que implicaba que durante el desahogo de las audiencias no se debían dejar espacios en blanco; e igualmente era inmediato, que equivalía a la presencia procesal del juez y no, por ejemplo, a la de su secretario en cualquier audiencia (pésima costumbre ajena a la ley). Lo que pasa es que tales principios se quebrantaron en su aplicación práctica por vicios, descuidos y deficiencias a cargo de los servidores del Poder Judicial y de los propios abogados litigantes. En lo tocante a lo acusatorio cualquier estudioso del derecho constitucional y del Derecho Procesal Penal podrá constatar que la Constitución vigente de 1917, lo mismo que el Código Federal de Procedimientos Penales de 1934, eliminaron el sistema inquisitivo propio del llamado porfiriato, substituyéndolo por el acusatorio. Lo que pasa es que, repito, vicios, descuidos y deficiencias humanos obstruyeron su real aplicación. En lo que atañe a la oralidad el anterior sistema la contenía en diversas intervenciones e interrogatorios que el juez y el propio abogado podían llevar a cabo, además de lo concerniente a la declaración preparatoria, aunque era una oralidad deshilvanada y falta de secuencia procesal. Es de reconocer, pues, que la oralidad sí es un avance aunque se trata de un camino donde hay muchísimas cosas que depurar.

Ahora bien, de la lectura atenta del artículo 20 constitucional se verá que gran parte de lo que allí se dice ya se encontraba en el anterior sistema, derivado obviamente del mandato constitucional. Lo que se ha hecho es organizarlo, si cabe el término, lo cual de ninguna manera significa que se haya transitado de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, dándonos un nuevo sistema penal. Acoto, porque me parece importante, que en la reforma constitucional del caso hubo una marcada influencia de Estados Unidos desde la época de Fox y más en concreto durante el mandato de Calderón. Me explico. Allende el Bravo les interesaba e interesa que la lucha contra el narcotráfico y la delincuencia organizada se lleven a cabo en México, toda proporción guardada, conforme a su sistema. Por otra parte la tan pregonada presunción de inocencia, de naturaleza eminentemente procesal (hoy inserta en la fracción I del Apartado B del artículo 20 constitucional), y que se considera una novedad en el supuesto nuevo sistema, ya estaba implícitamente en el anterior habida cuenta de que se era inocente si no se comprobaba plenamente el cuerpo del delito junto con las presunciones de responsabilidad penal. Era algo lógico, presumiéndose la inocencia “juris tantum”, o sea, que admitía prueba en contrario en interés de la sociedad. Ahora se dice de manera clara, directa, expresa, que es un derecho de toda persona imputada que se presuma su inocencia. Se lo puntualiza, y no está mal. En conclusión, ¿cuál novedad? Tal vez la de haber organizado lo desorganizado.

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