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El Agua del Molino

  • Raúl Carrancá y Rivas

  • Raúl Carranca y Rivas
  • La ley y la impunidad

Cuando una ley es severamente cuestionada o desacatada ello se debe a que en su origen no se tomaron las debidas medidas para evitarlo, es decir, a que no nació por una necesidad social, pública, ampliamente consensuada. Antes de hacer una ley, de promulgarla, es imprescindible que se mida en el cuerpo social, como si se tratara de un termómetro, su grado de necesidad y por consiguiente de seguro acatamiento; salvo las consabidas excepciones de violación a la norma, ya sean éstas por la comisión de faltas administrativas, contravenciones o delitos. Es fundamental que el legislador, o en su caso el autor de iniciativas de ley, conozca y maneje la sociología jurídica uno de cuyos principios básicos es que la ley no solo se implanta, lo que equivale a imponer, a encajar en el cuerpo social, sino que debe asentarse sobre el consentimiento y aprobación general. Lo contrario genera inconformidad tarde o temprano, y puede dar lugar a graves protestas sociales. O sea, la ley meramente impuesta es siempre contraproducente.

Ahora bien, sucede que la mayoría de los legisladores o autores de iniciativas de ley suelen llevar esa clase negativa de leyes hasta el mismo cuerpo constitucional, suponiendo que por hallarse insertas en la Ley Suprema son una especie de pilar del tan pregonado Estado de Derecho y que merecen, en consecuencia, sumisión absoluta. Este es un grave error porque la constitucionalidad no es producto del capricho, de la improvisación o de la ignorancia. Menudo Estado de Derecho sería aquél que se asentara sobre bases tan endebles. Lo evidente es que la consolidación del Estado de Derecho depende igualmente de su aprobación general. Al respecto abundan por desgracia los políticos que disocian la política del Derecho o que confunden éste con regulaciones que se dan porque sí, por circunstancias ajenas al propio Derecho, y que basta y sobra con que sean leyes formales, de pura y mera forma, que “están allí”, para que sean efectivas y obedecibles. Jean Lucien Arréat, el célebre escritor y filósofo francés, ha escrito que “uno no deja de cambiar las instituciones, no pudiendo cambiar los hombres”. Procedimiento cierto, por desgracia, pero equivocado porque primero habría que cambiar a los hombres o, por lo menos, influir determinantemente en ellos, puesto que las leyes son para los hombres siendo que lo opuesto las hace inhumanas. Víctor Hugo lo dijo más claro: “Las leyes promulgadas por los príncipes o por la República tienen valor en cuanto se conciben como expresión de la voluntad popular”. En el caso de México no hay que olvidar que el artículo 39 de la Constitución prescribe que “la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo” y que “todo poder público dimana del pueblo y se instituye para beneficio de éste”. Y aunque “el pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión” (artículo 41 constitucional), éstos no pueden ignorar u omitir ese derecho del pueblo, y sobre todo el Poder Legislativo. En tal virtud las leyes deben, primero, ser amplísimamente consensuadas. Roto el anterior esquema jurídico y político, que lo es también democrático, se produce una crisis política. El resultado es que no se cree en la ley, ni se le respeta ni tampoco se le obedece. Aparece entonces la impunidad. No nos sorprendamos del descalabro que causan las leyes cuyo origen no es democrático. Y todo esto tiene como mal punto de apoyo la ruptura entre la política y el Derecho al que se ve igual que una simple reglamentación escrita. “Lo dice la ley”, “lo dice la ley”, es la cantinela consabida de los que han alterado, descompuesto, los vínculos tan estrechos que unen a la política con el Derecho. ¡Cuántos ejemplos tenemos de que la ley suele decir barbaridades! ¿Y no será acaso que lo dicen ellos solos, y nadie más? Es el riesgo que corren los que olvidan que sin ley la política es un barco a la deriva.

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