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El derecho a la educación / Raúl Aarón Pozos Lanz

  • Raúl Aarón Pozos

El pasado 19 de abril se presentó a la Comisión de Educación del Senado de la República el Informe 2016: la Educación Obligatoria en México preparado por el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El informe es muy útil por lo menos por dos razones. La primera es que presenta un diagnóstico claro y sustentado con resultados mixtos, donde quedan muy claras las deficiencias, los sectores más vulnerables y la deuda que aún se tiene con sectores muy específicos de la sociedad para quienes el derecho a la educación es aún una tarea pendiente. La segunda es que precisamente por esas razones señala las oportunidades, las brechas que se deben cubrir tanto en materia de legislación como en términos de políticas públicas.

Los datos son por demás elocuentes y orientadores. De acuerdo al informe, casi la mitad de la población está en edad potencial para escolarizarse; existe una diversidad étnica, cultural y lingüística que impone un reto de diseño de política pública para cumplir el derecho a la educación; en términos de fragmentación de la población a atender, el 23 por ciento de la población vive en localidades rurales con menos de 2 mil 500 habitantes y el 72.4 por ciento de las localidades del país tiene menos de 100 habitantes; en términos de desigualdad, existe una concentración del ingreso, poblaciones vulnerables y entre entidades federativas; finalmente en lo que se refiere a pobreza, en el año 2014, solo 20 por ciento de los niños de 12 a 14 años y poco más de la mitad de los de 15 a 17 años, asistieron a la escuela. Sin embargo, hay un dato que resulta escandaloso y que resalta en el Informe y se refiere a la escolaridad y a la atención que reciben los jornaleros agrícolas migrantes de 15 años y más y que posiblemente sean el sector más vulnerable de la población en México.

Como se puede apreciar, el reto es enorme. Pero el Informe también señala que gracias a la reforma educativa impulsada por el presidente Peña Nieto, el concurso de ingreso a la educación básica ha propiciado que más de la mitad de los profesores sustentantes lograran un resultado idóneo y que en educación media superior, la tercera parte de los sustentantes lograran un resultado también idóneo. La reforma educativa empieza a dar resultados, pero el trayecto que hay que transitar aún es largo y lleno de retos de organización y redefinición de acciones y objetivos.

Es inaplazable continuar con el ánimo reformador para hacer que en la práctica y para todos, la educación sea un derecho garantizado. Quizá uno de los retos mayores será el de privilegiar en la política pública a los sectores más vulnerables que siguen siendo quienes, sea por problemas de accesibilidad, lengua, diversidad étnica u obstáculos culturales, no tienen acceso de igual manera a la educación. Las poblaciones indígenas y grupos de población que se encuentran dispersos en comunidades alejadas y con muy poca población y comunicación, hacen muy difícil la provisión de servicios educativos. De acuerdo al Informe, 43 por ciento de los docentes de escuelas indígenas no cuentan con materiales didácticos en lengua indígena. Garantizar el acceso a la educación a estos grupos es apremiante si en verdad queremos cumplir con los propósitos del Estado mexicano de disminuir las brechas de desigualdad existentes.

Y para ello, es necesario también minimizar la desigualdad en el trato presupuestal y reconocer las, en ocasiones asimétricas, capacidades organizativas y de infraestructura de las entidades federativas. De acuerdo al informe, 40 por ciento de las escuelas tienen techos en mal estado, vidrios rotos o estrellados e instalaciones eléctricas en mal estado y entre un 30 y un 40 por ciento tiene muros y bardas en las mismas condiciones y ello requiere de una atención individual para evitar una evaluación que con un mismo rasero ponga en condiciones de igualdad a quienes no lo están. Datos de la OCDE ubican a México en el último lugar en cuanto al gasto por alumno de entre los países miembros de esa organización. Si bien es cierto el gasto público en la educación básica y educación media superior había venido creciendo desde el 2008, en el 2012 cayó al pasar de un 6.2 por ciento a un 5.4 por ciento.

Sin duda, el Informe que presentó el INEE al Senado de la República nos impone un reto para subsanar y redefinir el camino para hacer cumplir el derecho a la educación de los mexicanos.