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El derecho de acceso a la justicia en el Nuevo Sistema de justicia Penal

  • Nuvia Mayorga

Nuvia Mayorga

El 18 de junio de 2008, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la Reforma Constitucional de Seguridad y Justicia, que sentó las bases para el establecimiento de un Nuevo Sistema de Justicia Penal en México.

El diagnóstico que presenta el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, es que el Sistema de Justicia Penal vigente en México hasta 2008, mostró deficiencias en su capacidad para cumplir su principal finalidad: Procurar e impartir justicia de manera pronta, expedita e imparcial.

Uno de los compromisos del Gobierno de la República, fue impulsar el Nuevo Sistema de Justicia Penal, que se caracteriza por la oralidad, la transparencia, la mediación, la conciliación, la reparación del daño y por la garantía de los derechos humanos tanto de la víctima como del imputado.

El Plan Nacional, estableció en el Eje México en Paz, como una de sus líneas de acción: Consolidar los procesos de formación, capacitación, actualización, especialización y desarrollo de los agentes del Ministerio Público federal, peritos profesionales y técnicos, policías federales, intérpretes, traductores, especialistas en justicia restaurativa y demás operadores del sistema.

Para estar en condiciones de garantizar el acceso a la justicia de la población indígena tal y como lo establece la fracción VIII del apartado A, del artículo 2° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debemos garantizar que la autoridad tome en cuenta sus costumbres y especificidades culturales respetando los preceptos de la de esta, así como a ser asistidos por intérpretes y defensores que tengan conocimiento de su lengua y cultura.

Para garantizar estos derechos en el Nuevo Sistema de Justicia Penal, contamos con intérpretes-traductores en lenguas indígenas, con abogados indígenas bilingües, y con personal de las Casas de la Mujer Indígena (CAMI´S), estas últimas serán capacitadas para canalizar a las mujeres al Nuevo Sistema de Justicia Penal y estamos avanzando en contar con peritos en materia de antropología en el Nuevo Sistema de Justicia, que puedan orientar a las autoridades en determinar qué prácticas ancestrales no deben ser consideradas delito, por ejemplo en el caso de los Wixaritari o huicholes el transporte de peyote para sus rituales o en el caso de algunas culturas que usan vida silvestre para su alimentación, por citar solo un par ejemplos.

Para la entrada en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal, hoy contamos con instrumentos para garantizar el acceso a la justicia de la población indígena, como el Sistema para la asistencia de abogados, intérpretes o traductores hablantes de lenguas indígenas y CAMI´s; asimismo con el Programa de Derechos Indígenas,la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), pone a disposición dos tipos de apoyo: Excarcelación de indígenas con el que se otorga apoyo económico para la libertad provisional o definitiva a través de medidas cautelares, reparación del daño, sanción pecuniaria o mecanismos alternativos de solución de controversias e intérpretes-traductores en lenguas indígenas con el que se otorgan apoyos para la asistencia de intérpretes-traductores en lenguas indígenas en diligencias de carácter judicial o administrativasy peritajes en materia antropológica/cultural con la elaboración y presentación de peritajes sobre prácticas culturales de las comunidades indígenas, estos apoyos son permanentes y pueden ser solicitados en cualquier oficina de la CDI.

Es así como la CDI se suma al Nuevo Sistema de Justicia Penal,que entró en vigor el 18 de junio del presente año, para el que se llevó a cabo un magno evento, al que asistí como invitada, el cual fue presidido por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto; el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis Maria Aguilar Morales, los presidentes de las cámaras del Honorable Congreso de la Unión y servidores públicos de los tres poderes y órdenes de Gobierno.

En este evento estuve acompañada por abogados indígenas bilingües, intérpretes-traductores en lenguas indígenas, el presidente del Consejo Consultivo de la CDI y una representante de una Casa de la Mujer Indígena, como muestra de la perspectiva intercultural y multilingüe que debe tener el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en un país pluricultural y multilingüe.