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El estado de las asociaciones religiosas en México

  • Daniel Ávila Ruíz

  • Daniel Ávila Ruiz

La semana pasada tuvimos el gusto de recibir en el Senado de la República a una delegación del Comité de Asuntos Étnicos y Religiosos de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo Chino, encabezado por su presidente, el Sr. Zhu Weiqun.

La delegación arribó a México con el interés primordial de abordar temas relacionados con el estado de las asociaciones religiosas en México.

Como parte del diálogo parlamentario en mi intervención pude consultar sobre el manejo de las donaciones de los creyentes; sobre si las asociaciones pagan algún tipo de impuesto por los ingresos que reciben de la población, o si pueden establecer, como en México escuelas en que el alumnado reciba enseñanza religiosa.

Al hacer un contraste, no puedo dejar de destacar que también en nuestro país, la libertad de creencias es garantizada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se trata de una garantía que actualmente se expresa en la existencia de ocho mil 718 asociaciones religiosas acreditadas ante la Dirección General de Asociaciones Religiosas de la Secretaría de Gobernación.

La Carta Magna prohíbe la discriminación por motivos religiosos; avala la educación laica y salvaguarda la separación entre las iglesias y el Estado, por lo que ni el Gobierno interviene en la vida interna de las asociaciones religiosas, ni éstas pueden realizar actos con fines
políticos.

Es relevante recordar que los avances logrados en esta materia fueron difíciles de alcanzar para nuestra nación, ya que son expresión de un proceso social que costó años de enfrentamientos y derramamiento de sangre.

En la última década del Siglo XX se realizaron una serie de reformas en materia religiosa como parte de un proceso de modernización del Estado mexicano, en conjunto con avances en otras materias como los derechos humanos, la apertura democrática y la integración a mercados internacionales.

En este contexto, durante la administración del presidente, Carlos Salinas de Gortari, se anunció un nuevo marco normativo en las relaciones del Estado mexicano con las iglesias en noviembre de 1991.

Derivado de este cambio, surgió la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público que amplió la posibilidad de desarrollar las actividades internas de las iglesias, así como el reconocimiento del derecho al voto de los ministros de culto, al ser reconocidos como ciudadanos, aunque con limitaciones para ser votados.

Otro cambio logrado en esa reforma fue el restablecimiento de relaciones entre el Estado mexicano y el Vaticano en septiembre de 1992, después de casi un siglo y medio de distanciamiento, lo cual tuvo una aceptación importante en la opinión pública. Todas estas transformaciones contribuyeron a la modernización de la sociedad y el Estado mexicano.

Difícilmente pueden recomendarse modelos a seguir sin reconocer las posibilidades de unidad en la diversidad que ofrece la opción de un Estado laico. No puedo evitar recordar una entrevista al Premio Nobel de Literatura, Octavio Paz, uno de nuestros mexicanos universales, quien refería con motivo de la segunda visita a México del papa, Juan Pablo II, en 1990: “que la separación entre la Iglesia y el Estado es un hecho consumado que nadie discute, pero separación no quiere decir ni guerra ni pelea. Es hora de un mutuo reconocimiento”.

Para muchos mexicanos, una de las grandes tareas permanentes es crear y afianzar en nuestro país una cultura de la pluralidad y del respeto a la diversidad; una cultura del reconocimiento pleno de nosotros mismos, que es base sólida de fortaleza y unión necesarias para hacer frente como nación a los retos por venir.
*Senador por Yucatán. Presidente de la Comisión Bicameral del Canal del Congreso, secretario del Comité del Instituto Belisario Domínguez e integrante de las comisiones de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, Juventud y Deporte, de Turismo, así como de la Reforma Agraria.