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El estado de las finanzas nacionales; el problema de la deuda nacional y en las entidades federativas / Daniel Ávila Ruiz

  • Daniel Ávila Ruíz

Segunda de tres partes

En la colaboración anterior señalé que abundaría sobre la deuda pública nacional y de las entidades federativas. Como ejemplo, usaré la estrategia que algunos gobiernos estatales pretenden utilizar para financiar la infraestructura educativa.

La deuda, tanto nacional como estatal, no es un problema menor; por el contrario, pone en riesgo la estabilidad financiera, el crecimiento económico y el bienestar presente y futuro de millones de mexicanos. Es un asunto que he venido denunciando desde hace varios años.

El Gobierno ha perdido el control de la deuda pública. Al inicio de la actual administración estimó que para 2016 ésta representaría 36 por ciento del PIB y hoy reconoce que llegaremos a 48 por ciento.

Algunos datos para poner el problema en perspectiva: en diciembre de 2012 el Gobierno federal recibió una deuda pública inferior a 5.9 billones de pesos, la cual ya era onerosa. Sin embargo, en 2013, el déficit fue de 3 por ciento del PIB y se acumuló una deuda de 39 por ciento. Lejos de corregirse, el endeudamiento siguió agravándose en los años subsecuentes: se disparó a más de 8 billones de pesos, esto es, 47 por ciento del PIB. Para decirlo en términos más claros: si dividiéramos el monto de la deuda entre los trabajadores mexicanos cada uno debe 160 mil pesos. Peor: cada niño que nace hoy ya debe más de 70 mil pesos debido a la deuda pública.

En el nivel sub-nacional existen ejemplos de este grave problema. Por ejemplo, en Yucatán el pasado 5 de octubre el Congreso estatal aprobó la iniciativa de decreto por la que se autoriza al Poder Ejecutivo del Estado a participar en el Programa de Mejoramiento de la Infraestructura Educativa, implementado por la Federación.

Mediante la aprobación de ese instrumento se posibilita a los estados a que accedan a recursos federales presentes y futuros, hasta por 25 años, con cargo al Fondo de Aportaciones Múltiples.

Según lo expuesto en la Iniciativa, el mecanismo consiste en recibir anticipadamente el valor de los montos (o un porcentaje de éste) que le corresponden a las entidades, para que se utilicen en la construcción, mantenimiento o rehabilitación de los bienes muebles e inmuebles destinados a la educación en los niveles básico, medio superior y universitario.

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, el Fondo de Aportaciones Múltiples es uno de los ocho fondos que integran el Ramo 33; 46 por ciento de éste debe destinarse a apoyos alimentarios y de asistencia social; y el 54 por ciento restante a infraestructura educativa.

Un aspecto fundamental para determinar la viabilidad de la Iniciativa es si la afectación constituye o no deuda pública. Tanto en el dictamen, como en la iniciativa, se argumenta que las obligaciones que el Ejecutivo estatal asuma en la participación de dicho Programa no constituyen deuda pública, y que los recursos que actualmente recibe el Estado de Yucatán por parte de la Federación, a través del Fondo de Aportaciones Múltiples, es insuficiente para cubrir las necesidades de infraestructura educativa.

La estrategia de financiar con un nuevo mecanismo la infraestructura educativa de Yucatán parece no tomar en cuenta que existe la tesis de jurisprudencia 105/2010, a partir de la cual se determina que aquellos bienes comprometidos por la celebración de fideicomisos son deuda pública, “en tanto se consideran desincorporados temporalmente del patrimonio del ente público respectivo y durante todo el tiempo en que permanezca en vigor el contrato”.

Tampoco se consideró que la Ley de Deuda Pública del Estado de Yucatán, en su artículo 2, fracciones I y III, considera que la afectación de aportaciones federales es deuda pública en tanto que éstas consisten en destinar al pago de obligaciones los recursos provenientes de ingresos federales.

Pero aún si prevaleciera el supuesto de que esta estrategia impulsada por los gobiernos estatal y federal no constituyen deuda pública en el sentido tradicional, no debemos dejar de tomar en cuenta que estas medidas comprometerán los recursos del Fondo de Aportaciones Múltiples para el Estado de Yucatán durante los próximos 25 años. Esto significa que hasta que no transcurra un cuarto de siglo, se podrá restituir el derecho del Estado a recibir los recursos que integran el fondo, lo que sin duda comprometerá el bienestar de las generaciones futuras de yucatecos.

El caso de Yucatán no es distinto al de la mayoría de las entidades federativas. Por ello, en la sesión del Senado del 15 de octubre Senadores del Partido Acción Nacional presentamos una iniciativa de reformas a los artículos 25, 73 y 117 de nuestra Constitución a fin de prohibir el endeudamiento en la Federación y en todos los Estados, municipios y el Distrito Federal; hacer responsables y castigar a los servidores públicos que endeuden a los ciudadanos; y dar un periodo de gracia para que en 2016 las administraciones públicas puedan ejercer la deuda que tengan aprobada.

El propósito final es evitar la práctica de las muchas administraciones que han heredado el problema de la deuda a futuros gobiernos y, lo más importante, evitar que afecten el bienestar presente y futuro de trabajadores y sus familias; así como de niños y adolescentes que aún no comienzan su vida laboral y que tendrán que pagar, quizá con más impuestos o menores salarios y prestaciones la deuda pública.
* Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del Instituto Belisario Domínguez; integrante de las comisiones de Turismo, Reforma Agraria y Bicameral del Canal del Congreso.