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El final del principio de la nueva justicia penal

  • María de los Ángeles Fromow

El 18 de junio de 2016, entró en vigencia a nivel nacional el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el cual representa uno de los mayores cambios en el andamiaje legal e institucional en la historia de nuestro país y marca una nueva era en la aplicación del derecho penal.

A un año de distancia, diversos actores gubernamentales han cuestionado su efectividad, culpándolo del incremento de la incidencia delictiva y de la violencia en sus entidades, argumentando que permite el regreso de los delincuentes a las calles.

Al respecto es preciso señalar que durante la etapa de implementación se cimentaron las bases para su operación en todo el país, generándose el punto de partida hacia una justicia  con respeto a los derechos humanos, donde a los señalados de cometer un delito se les respetará su presunción de inocencia hasta que sean debidamente juzgados y donde las víctimas de un delito sean atendidas y escuchadas, así como garantizada  su reparación del daño.

Permítanme recordar la gran frase célebre de Winston Churchill que decía “este no es el final, no es ni siguiera el principio del final, puede ser más bien, el final del principio”, por lo que tenemos que entender que este sistema solo ha iniciado y requiere de un gran compromiso de nuestros gobernantes, academia y sociedad civil, para consolidarlo y así encontrar el punto de equilibrio operativo que satisfaga el anhelo de justicia penal que todos los mexicanos requerimos.

Es importante enfatizar que este inicio del nuevo Sistema de la Justicia Penal Acusatorio es indispensable trabajar para garantizar que su funcionamiento sea eficaz, eficiente, con altos estándares de calidad y que proporcione a la sociedad los resultados esperados: que los delincuentes sean sancionados por sus delitos y que las víctimas tengan acceso efectivo a una justicia pronta, expedita, imparcial y transparente como lo ordena nuestra constitución.

Para lograrlo aún existe una agenda de tareas pendientes que exige inmediata atención. Entre las acciones a realizar destacan:

Generar un método de seguimiento y evaluación permanente de su operación, ya que al día de hoy no se cuenta con una medición que permita identificar áreas de oportunidad, generar información estratégica a los tomadores de decisiones, así como a definir acciones correctivas y de mejora continua para fortalecer las capacidades institucionales. Recordemos que no podemos evaluar lo que no hemos medido.

De igual forma, es fundamental continuar capacitando de manera práctica al personal de las instituciones. Los esfuerzos en esta materia deben ser permanentes buscando la profesionalización y especialización de los operadores. Es indiscutible que para lograr la eficacia del sistema se requiere de servidores públicos capaces y profesionales, que asuman sus funciones con una renovada actitud de servicio a la sociedad.

Es necesario también que las instituciones y su personal cuenten con el equipamiento y sistemas de información suficiente para llevar cabo las actividades que indica el procedimiento penal; en especial, las áreas de servicios periciales deben contar con el equipamiento tecnológico para las diversas especialidades forenses y fortalecer la investigación científica del delito. Por su parte, los policías deben contar con los aditamentos que les permita realizar su función como primer autoridad que tiene contacto con el posible delito y con la víctima.

Un aspecto de suma importancia es crear las unidades sustantivas que requiere el nuevo modelo de justicia y en su caso, fortalecer las ya existentes. Las entidades federativas y la federación deben contar con la Unidad de Policía Procesal, encargada de realizar los traslados de los imputados; Comisión de Víctimas con suficientes asistentes jurídicos que atiendan a las víctimas y logren su protección, así como la reparación del daño; y principalmente, deben contar con la Unidad de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, encargada de realizar la evaluación del riesgo que representa el imputado para la víctima, para la sociedad o de fugarse de la acción de la justicia y el seguimiento de las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial.

Además, es indispensable impulsar el cambio cultural en el personal de las instituciones operadoras y en la sociedad. Los operadores deben romper con las inercias del sistema de justicia anterior y asumir el nuevo paradigma que representa un sistema acusatorio y adversarial, desempeñando sus funciones con respeto a los derechos humanos de víctimas e imputados. Por su parte, la sociedad debe apropiarse del nuevo modelo de justicia para ejercer y exigir sus derechos, teniendo claro que con el nuevo sistema la justicia privilegia la conciliación, los acuerdos y la reparación del daño.

Estas son solo algunas de las acciones prioritarias y de urgente atención que debería ejecutar las autoridades para fortalecer las capacidades de las instituciones que integran el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

Es cierto que debemos ajustar algunos aspectos de la normatividad nacional aplicable a este sistema; sin embargo, hay que realizarlo con base en los resultados que arroje una evaluación con criterios metodológicos sólidos, diferenciando lo que no está bien regulado de lo que aún no tenemos en operación para que el sistema se perfeccione. No nos podemos equivocar en considerar que por sí solo los cambios legales van hacer que el sistema funcione de forma óptima, hay mucho que hacer e invertir aún, no es magia. Requerimos trabajar fuertemente, por ello se requiere más que nuca de la voluntad y compromiso de los titulares de los poderes públicos y de la sociedad civil para mantener como prioridad nacional la reforma penal tanto en las entidades federativas como en la federación.

* Ex secretaria técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal