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El futuro del PRI

  • Héctor Tenorio

Héctor Tenorio Muñoz

Como era de esperarse no despertó entusiasmo en la militancia tricolor que Enrique Ochoa Reza fuera nombrado presidente nacional del PRI (existe un sentimiento de que se perdió el camino después de las derrotas del pasado 5 de junio). Le ayudará ser joven y académico, aunque tales características son insuficientes, su discurso es acartonado y cierra las puertas a la democratización interna. Un amplio sector de priístas se sintieron marginados, rechazaron el dedazo y las formas tradicionales de elegir; deseaban un proceso interno donde participaran todos los militantes. No fue extraño que impugnaran a Ochoa Reza; lo acusaron de no cumplir con los 10 años de militancia necesarios para ser dirigente. Los inconformes procuraron no enfrentarse con el Presidente de la República, el nombramiento lleva el mensaje implícito de la forma en que será la selección del candidato presidencial de 2018. El objetivo del nuevo dirigente es eclipsar a Ricardo Anaya Cortés, presidente nacional del PAN, que ha logrado incrustarse en el imaginario colectivo y lo consideran una posible solución a la corrupción, sin embargo, el verdadero enemigo de los priístas son los malos resultados de la administración federal. Da la impresión que los neoliberales han pactado una transición adelantada con la intención de frenar al candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador, quien continúa ascendiendo en las encuestas. Incluso, el tabasqueño esbozó una posible alianza con el PRD.

En este contexto, la frustrada rebelión de algunos priístas podría convertirse en una fractura mayúscula, que contribuiría a la derrota del tricolor dentro de dos años. A pesar del mal augurio, el Gobierno federal ocupó su tiempo en dar una purga a algunos políticos que perdieron en junio. La Procuraduría General de la República (PGR) presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación acciones de inconstitucionalidad contra los congresos y los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, quienes no podrán anticiparse para su beneficio en materia de corrupción y tampoco nombrar funcionarios a modo. Los mandatarios no lograron blindar su salida, quedaron sin protección. Ahora deberán ser investigados por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos. En el PRI nacional exigieron la destitución de los gobernadores corruptos, el PAN elogió a las autoridades y el PRD exigió al Jefe del Ejecutivo se permita una transición pacífica.

Las consecuencias se sintieron en tierras veracruzanas, el gobernador electo del PAN, Miguel Ángel Yunes Linares, echó más leña al fuego, pidió que separen del cargo al mandatario Javier Duarte de Ochoa. Héctor Yunes Landa excandidato priísta a la gubernatura de Veracruz, demandó lo mismo. Ante la embestida de sus opositores, Duarte de Ochoa logró el apoyo de algunos alcaldes, la Iglesia, diputados locales del PRI y del Verde. En el Congreso de la entidad con mayoría priísta se aprobó otorgar plazas laborales a siete mil burócratas; esta batalla fratricida estimulará que se desfonde uno de los bastiones más importantes del tricolor.

Paralelamente, Roberto Borge Angulo, gobernador de Quintana Roo, negó haber promovido la creación de un sistema anticorrupción, igual suerte corrió César Horacio Duarte Jáquez, mandatario de Chihuahua, quien tampoco podrá crear la Fiscalía Especializada Anticorrupción, antes de la publicación de las leyes generales en la materia.

Las fechorías de “los tres alegres compadres” exhiben lo peor de la clase política nacional, que difícilmente reconquistará la credibilidad de un electorado francamente decepcionado y aburrido de su cinismo.
tenorio_hector@hotmail.com