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El GIEI-CIDH especie de moderna Santa Inquisión (II) / Alejo Martínez Vendrell

  • Alejo Martínez

Se comentaba en este espacio el pasado lunes 25, que junto a entusiastas idealistas de la protección de los derechos humanos, existen otros no menos entusiastas oportunistas que bajo ese pretexto, se proponen en realidad llevar a cabo sus proyectos ideológicos o de auto-promoción política, aún lucrando con tragedias, sin importar los atropellos en que incurran en la persecución de sus intereses o nada confesables finalidades.

Acerquémonos a casos concretos; en nota periodística del pasado ocho de diciembre, se asentaba la siguiente declaración textual de la abogada Ángela María Buitrago, integrante del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): “Existe un informe de meteorología donde es clara la demostración de que el 26 y 27 de septiembre de 2014 no hubo ningún incendio en la zona de Cocula. Estas imágenes satelitales captan todos los incendios diurnos y nocturnos y no hubo ningún incendio en la zona de Cocula”. Luego, en la misma nota se añade: “Buitrago aclaró que esto no genera la liberación automática de los presuntos responsables detenidos, pues la desaparición está demostrada, pero sí permite dirigir la búsqueda de los estudiantes hacia otros lugares”.

Si se reflexiona un poco en torno a esta declarada condena, queda al descubierto la implícita mala fe, ya que no deja de ser ridícula esta postura avalada por el tendencioso GIEI: muestran su convicción de que los hasta hoy 113 detenidos y sujetos a juicio son culpables, pero no aceptan la confesión de que algunos de ellos fueron los que asesinaron a los 43 normalistas de Ayotzinapa, y sostienen la versión de que en realidad los desaparecieron.

¿Cuál sería entonces la motivación de los encarcelados para no entregar a “los desparecidos” y reducir así su condena penal? ¿Dónde mantendrían a un grupo tan numeroso secuestrado por más de un año? ¿Qué extraordinario poder tienen los secuestradores que aún encarcelados, mantienen controlados a sus “desaparecidos”? ¿No constituye esta actitud una incongruencia que denota la mala fe del GIEI?

Pero además, la abogada Buitrago y el GIEI mienten también cuando aseguran la imposibilidad de incendio en Cocula. Tergiversan las versiones de los expertos: el que no lo hayan detectado los satélites dada la visión obstaculizada por las intensas nubes, de ninguna manera significa que no haya habido incendio, pero actúan de mala fe. Especialistas en geomática (análisis de la tierra con apoyo en imágenes satelitales y tecnologías de la información) como Guillermo Martínez Verdusco, aclaran que “Las imágenes de la NASA no sirven para probar nada de lo ocurrido en el basurero. Con estas imágenes no se puede establecer ni que hubo incendio ni que no hubo… Es difícil que puedas afirmar o negar algo, ya que el tamaño del basurero es menor al pixel de la imagen, mide poco más de la mitad del pixel y todo lo que cubre el pixel está generalizada” por el espacio nublado.

Luis de la Barreda, un connotado paladín de los derechos humanos, quien ha probado que puede ir en contra de la autoridad cuando es ésta quien los viola o que puede ir en contra de lo “políticamente correcto” cuando se atenta contra la verdad y la razón, hace una breve, apretada, pero contundente exposición de la fabricación de un culpable mediante testigos falsos, promovida en Colombia por la entonces fiscal acusadora Ángela Buitrago:

“Un testigo, el cabo Édgar Villamizar, dijo en 2006 que en la mañana del siete de noviembre de 1985, en la Escuela de Caballería a donde fueron llevados algunos de los detenidos, escuchó al coronel Plazas Vega decir: ‘Cuelguen a esos hijueputas’. Otro testigo, el suboficial Tirso Sáenz, sostuvo que estando en esa escuela vio bajar de un tanque a seis civiles, quienes serían torturados y desaparecidos. La Corte Suprema ha demostrado que dichos testigos no vieron ni oyeron lo que atestiguaron, pues no estuvieron en la Escuela de Caballería y que no fue el coronel Plazas Vega quien estuvo al mando del operativo militar, además de advertir que no se entiende por qué Villamizar demoró 21 años en rendir su testimonio. La fiscal del caso fue Ángela Buitrago”.
amartinezv@derecho.unam.mx   @AlejoMVendrell

Mala fe del GIEI y de Ángela Buitrago al interpretar tergiversadamente confesiones de culpables e imágenes satelitales.