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El observador parlamentario

  • Antonio Tenorio Adame

  • Puebla “hoyo de corruptelas” con vacío de poder
  • Moreno Valle “pirateó” recursos públicos para fidecomisos

Los trabajos de la Comisión Permanente se orientan a articular el Sistema Nacional Anticorrupción, el Presidente de la Permanente, senador Pablo Escudero, alienta los empeños de evitar que por la vía de otorgar prebendas se beneficie el interés de particulares a costa del interés público.

El Presidente de la Permanente, con dicho fin, exhortó a la Primera Comisión del organismo legislativo a solicitar al Ejecutivo la entrega de los razonamientos y valoraciones hechas para proponer a los 18 magistrados anticorrupción, quienes dispondrán de las facultades de instruir, investigar y sancionar las conductas delictivas consideradas como actos de corrupción.

Lo función de los magistrados de la materia desplazan a la Secretaria de la Función Pública de la facultad de control jurisdiccional en el manejo de recursos financieros y materiales, así como malversación de servicios donde se afecte el interés público con decisiones en beneficio de particulares, se trata de establecer mecanismos que impidan se privatice la acción del Estado.

El propósito de fortaleces la esfera pública es irrebatible, ahora mismo el debate de la transparencia financiera oficial salta a luz pública:

a.- El sobrendeudamiento de los Estados por la vía de fidecomisos privados, lo que permitió a Moreno Valle enajenar el futuro del Estado por 25 o más años.

b.- El financiamiento electoral en el Estado de México, por medio de recursos de la constructora española OHL con el intercambio de la otorgación de contratos de obra otorgados con la condición de financiar campañas electorales al Partido Revolucionario Institucional.

Las deudas de los Estados creció 22 veces de 1993 a 2012, dice el economista Enrique Bautista, se desbordó pese a la legislación recién aprobada por el Congreso, los gobernadores encontraron la forma de evadir controles locales y federales, por una parte disponen de congresos locales dóciles a su servició, a la vez la revisión de su cuenta pública carece de rigor y regularmente disponen de autorización para la contratación de deuda con el consentimiento de la legislatura.

La Constitución General en su artículo 117 fracción XVII prohíbe que los Estados contraten con entidades extranjeras, pero en la Ley de Coordinación Fiscal, artículo 9, del 15 de diciembre de 1995 otorga el acceso a los préstamos sin autorización previa ni convenio con la Secretaria de Hacienda.

No obstante contar con esos beneficios existen otros mecanismos donde se acude a los préstamos de la banca apartándose de los controles institucionales, es el caso de la disposición de fidecomisos, donde se le considera como una institución privada por lo que no es fiscalizada por otros organismos del Estado, la contradicción que prevalece es la aplicación de fondos públicos para órganos privados, se convierte en una “cueva de Alí Baba”.

Un paradigma de la “piratería institucional” ha sido el caso de Rafael Moreno Valle donde se contrató obra a constructor asignado fuera de concurso , a través de la señalada OHL, hasta por 25 años, además de esas irregularidades existen otras como precios alzados de compra o costos elevados, como ocurre con el Museo  Barroco donde el costo de museografía es del orden de 15 millones al mes, mientras en el Museo de Antropología se sitúa en tres veces menos o sea 5 millones al mes.

Al exgobernador poblano le bastó que el Congreso declarara que las obras eran prestación de servicios, para desclasificarlos rubros como deuda y depositar los recursos públicos en fidecomisos para operar con la nominación de PPS destinados a obra suntuaria, de oropeles, centralizada en la capital del Estado a favor de la movilidad automotora. No es extraño que Puebla viva un vacío de poder, en Palmarito, Chichotla, etcétera.

Es tarea de la Suprema Corte de Justicia declarar la ilegalidad de aquellas leyes locales que permiten la desviación de recursos públicos para manejarse como privados para evitar la observación de su aplicación, es regularizar la situación del orden legal interno de los Estados.