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El observador parlamentario

  • Antonio Tenorio Adame

  • Tensión electoral, ejecuciones extrajudiciales
  • Archivo de diputados y la memoria de la nación

El Periodo extraordinario se ve lejano aún, a pesar de los llamados del presidente del Senado Pablo Escudero, quien propugna por convencer en  la necesidad de la Ley de Seguridad interior, “iniciada y luego detenida” en la Cámara de diputados. A fin de proceder a su reactivación se dispone los buenos oficios del presidente de la Jucopo, el senador Fernando Herrera, quien abrirá un diálogo con los colegisladores, e incluso si cabe la posibilidad de que se revierta el proceso legislativo para que el Senado se avoque a su tratamiento como Cámara de origen, aunque sea factible queda pendiente que este receso no se abrirá dicha oportunidad, de acuerdo al Reglamento interno.

El senador Escudero Morales está consciente de los límites para impulsar la Ley de Seguridad, señala que “sin dictamen no habrá extraordinario”.

Las condiciones del invocado Periodo son políticas y legislativas; la primera que no se agudicen los conflictos coyunturales (post electorales), y la segunda de la materia a legislar o sea de disponer de los dictámenes que se pondrán a debate para su acuerdo. La primera condición es incierta, no se sabe lo que ocurra en Edomex, y sus consecuencias inmediatas, en tanto la segunda, no existe nada.

Lo que si existe es la violencia que se reproduce en grado clímax en el ajusticiamiento extrajudicial de un soldado contra un civil indefenso en Palmarito Puebla, y en el crimen que sufriera el colega periodista Javier Valdez en Culiacán. Ambas felonías se revisten de impunidad.

El saldo rojo de Palmarito se manifiesta en dos sentidos, opuestos y contradictorios, quienes aseguran que el hecho obliga a aprobar la Ley de Seguridad interior, y quien opina en oposición, se requiere que los soldados vuelvan a sus cuarteles, y se acate el ordenamiento de la Constitución. La acción criminal de indisciplina en que ocurrió un miembro del Ejército ilustra la difícil situación de riesgo que implican las tareas del orden público cubiertas como ataques al enemigo, la ejecución es un acto violatorio no solo de los derechos humanos, sino de las mismas leyes de guerra convenidas por el derecho internacional.

El crimen de Javier Valdez reitera el estado de agresión permanente y selectiva contra los periodistas sin que el Estado garantice la libertad de expresión, como se advierte en la acción de la FEADLE que solo atrae 48 casos de 114 asesinatos cometidos en 17 años a partir del 2000; la senadora Angélica de la Peña, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, subraya que solo el 99 por ciento de los crímenes contra periodistas es investigado, mientras Amnistía Internacional califica la profesión de periodista en México como una sentencia de muerte. El Estado no garantiza la libertad de expresión, concluye Artículo 19.

El lema del corresponsal de La Jornada fue “di no al silencio” como rebeldía ante el acoso mortal que padecen el gremio de información, muertes pretenden enterrar los reclamos de la sociedad a vivir sin violencia.

Cabe la proposición de una iniciativa donde se recoja la memoria de los periodistas caídos, la posibilidad de mantener viva su memoria con la publicación de sus últimos reportes.

ARCHIVO DEL PODER, las raíces históricas del Poder Legislativo es la génesis de los otros poderes, dentro de un proceso donde la legitimidad parte de la representación otorgada voluntariamente por la sociedad, es ahí donde se fundamenta el origen del poder.

Al descubrir la Placa alusiva del Archivo General del Palacio Legislativo de San Lázaro, Mauricio Farah Gebara, secretario General, exaltó la labor de sus funcionarios, a los que llamó “guardianes de un tesoro del país”. Ninguna distinción puede ser mayor, Guillermo Prieto aludió de igual manera a una de las hazañas del Gobierno itinerante de Ambos Juárez al llevar consigo al Archivo de la Nación considerado como un tesoro. Esa es la memoria del poder, la otra legitimidad, arma invencible con la venció al invasor.

En el Archivo se mantiene no como una acumulación de documentación inerte sino la historia viva del Congreso de la Unión, una historia documental que da testimonio del tiempo recurrente de las legislaturas como la historia del pensamiento político traducido en acuerdos, pactos y leyes para armonizar la vida de la nación en los conflictos que la afligen, es otra versión donde los actores participantes son las ideas políticas.

Los nombres de los servidores públicosal frente del Archivo se registran en la Placa que fija su símbolo de identidad son quienes sostienen la tarea de dar fe verídica a los acuerdos, desde el debate hasta la votación que define el rumbo de la nación.