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El observador parlamentario

  • Antonio Tenorio Adame

La sesión pasada de la Comisión Permanente se desbordó  por los efectos colaterales de la inconformidad postelectoral. Las bancadas del PAN y Morena mantienen su rechazo a reconocer los triunfos electorales del PRI, la réplica oficial consigna que los derrotados “no saben perder”.

Entre los impactos poselectorales se destaca:

a) En primer término, el debate suscitado en el pleno de la Permanente, bajo un doble discurso, el milenario autoritario y el “millennials” democrático globalizador.

b) Así como también, el atasco del posible Periodo extraordinario propuesto tentativamente por el presidente del Senado, Pablo Escudero Morales para iniciar el 19 del presente mes con duración de cinco días. Desde la percepción del PRI, el coordinador Emilio Gamboa Patrón, emitió su opinión de esperar a que se enfrié el ambiente poselectoral cargado de reclamos, “hay que dejar que baje la presión de las elecciones”. El periodo extraordinario es inevitable como exige el nombrar al Fiscal anticorrupción y los Magistrados que requiere la instalación del Sistema Nacional Anticorrupción establecida el 16 de julio, como señaló la senadora Dolores Padierna, coordinadora del PRD.

c) Por último se frena también la reforma electoral sustentada en principio con la aprobación de una segunda vuelta electoral que bloquee la llegada de López Obrador a Los Pinos, como aspira el PAN. El rechazo provino del PRI, PVEM,  PRD y Morena. El presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, declaró: “me parece que es una propuesta que está dirigida, que tiene nombre y apellido. Es en contra de López Obrador”. Dijo que “no es bueno para la vida democrática de un país hacer leyes a la medida de alguien”. Cabe subrayar que el término de aprobación de un año antes de la elección donde se aplicaría dicha reforma ya se rebasó, sería una reforma nula de origen.

EL DEBATE se dio abierto entre la mayoría oficial y la oposición, incluido el PRD, PT, PAN y Morena, al presentar un frente para exigir limpiar los procesos electorales del Estado de México y Coahuila, al respecto se reiteraron las denuncias conocidas de delitos electorales.

La réplica se dio a dos voces, la de la senadora Yolanda de la Torre Valdez, quien evocó el arcaico tono autoritario empresarial de la Laguna, “el que ganó ganó y el que perdió que se vaya a su casa a chillar”; por su parte el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa Patrón, un experimentado legislador sobreviviente de seis sexenios de existencia política, reconoce el derecho a la discrepancia e inconformidad con el deseo de que se dirima en las instancias judiciales, fue contundente: “ellos impugnaron, están en su derecho”.

El discurso oficialista se desenvolvió entre ecos arqueológicos del despotismo y el  discurso de la generación de los millennials, la jóvenes de 20 a 35 años que envejecieron con el cambio de siglo.

El PRI mantiene el sentido de tutorial del poder como el creador del cambio político sin reconocer su patrocinio a la desigualdad y la inequidad, como ocurre con el fraude inducido desde el manejo anticipado de recursos públicos aplicados bajo el compromiso de “lealtad del voto”. Y ese voto comprometido vía políticas asistenciales no lo registran las instituciones electorales. Cabe entonces invertir el lema, “no saben ganar”, o bien,  mejor aún “no saben convencer”.

El principio de la democracia electoral es admitir la reglas y aceptar resultados pero a condición de se aplique en condiciones de igualdad, este principio se considera quebrantado por los recursos federales aplicados con fines personales y no de orden público para comprometer el voto, se argumenta  que fueron “elecciones de estado”, aunque otros señalan que fueron “elecciones de gobierno”, ese es el punto de ruptura, magnificado por el ambiente de la elecciones de 2018.