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El Observador Parlamentario

  • Antonio Tenorio Adame

  • Límites de la fuerza pública y de la resistencia social
  • Integración continental rechazó al populismo racista

La actividad legislativa del Congreso se intensifica como respuesta a las condiciones crecientes de conflicto social. Se polemiza sobre los alcances del veto presidencial, y en el plano del uso de la fuerza pública para disolver la resistencia social.

La Comisión Permanente aprobó la convocatoria a sesiones extraordinarias a partir del día 5 de julio, con el fin de dar desahogo al veto del Ejecutivo en el artículo 32 la Ley 3de3, incisos b), c) y 10). El presidente de la Comisión, senador Roberto Gil Zuarth, advirtió las opciones de los legisladores, sobre las cuales buscará configurar un equilibrio plural, a partir de las posiciones que se pongan en la mesa, por tanto, asume que el compromiso de la Presidencia es el respeto ordenado a la libre manifestación de posiciones y la búsqueda de consensos incluyentes.

El pleno de la Permanente declaró la aprobación, por 21 Congresos locales, de las reformas y adiciones al artículo 73 de la Constitución, donde se faculta al Congreso de la Unión para expedir la ley general con alcance nacional, no solo federal, en materia de derechos de las víctimas.

EL CONGRESO FRENTE AL CONFLICTO: La Permanente aprobó la creación de una comisión plural, compuesta por senadores y diputados federales, que dará seguimiento a los hechos ocurridos en Nochixtlán, Oaxaca, el pasado 19 de junio.

En torno a los bloqueos y trastornos viales que origina el conflicto magisterial -considerados por la oposición como formas de resistencia social-, el senador Roberto Gil Zuarth, presidente del Senado, se pronunció para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos deba intervenir en el conflicto magisterial, considera que los maestros “son servidores públicos aglutinados en sindicatos o en la disidencia magisterial, y como tal están en posición de violar los derechos humanos de la sociedad”, insistió en “restablecer la gobernabilidad con toda la fuerza de la Ley” con toda la responsabilidad política de los órdenes de Gobierno.

La preocupación del senador Gil Zuarth deriva de su alta responsabilidad y debe entenderse como una reflexión y no un mandato de obligado cumplimiento, a partir de que los sujetos de los derechos humanos son las personas, no la sociedad, la cual organizada como Estado es la responsable de cumplir o violar los derechos humanos, ya que los sindicatos son corporativos de la sociedad no del Estado.

Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, amaga con retirar los bloqueos, es la respuesta del Estado para enfrentarlos, con el fin de preservar la seguridad de la sociedad, entre ellos el de abasto y libre tránsito. No puede volver a ocurrir otro Nochixtlán.

Por tanto el cumplimiento de la ley es responsabilidad del Estado, incluso el uso de la fuerza pública, de acuerdo con los protocolos que eviten su aplicación generalizada o sus excesos, como ocurrió en Nochixtlán, donde sigue pendiente una versión oficial de los hechos indicando las responsabilidades oficiales.

Y si la fuerza del Estado se encuentra limitando su ejercicio, lo mismo se piensa de las libertades civiles, incluida la resistencia pacífica, donde deben prevalecer las garantías humanitarias

LA INTEGRACION CONTINENTAL es considerada por el presidente Enrique Peña Nieto, como un mecanismo para incrementar el bienestar, al reafirmar los objetivos del Tratado de Libre Comercio. Su defensa fue el tema de la reunión de Ottawa, Canadá, en la VIII Cumbre de Líderes de América del Norte, a la que ahora se le agregan otros fines, la seguridad y el combate al crimen organizado, con especial atención el narcotráfico. Estos anexos ya implican, con frecuencia, mayores restricciones migratorias antihumanitarias, incluido el genocidio.

Se define la defensa a la integración regional como una reprobación al “populismo demagógico” que se opone a un liberalismo individualista basado en el racismo y la discriminación, como el manifestado por Donald Trump.

La presencia de México debe observarse y diferenciar las desigualdades y asimetrías que condicionan la integración hasta convertirla en un dominio de simple asimilación territorial y económica, sin dimensión cultural humanitaria.