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El Observador Parlamentario

  • Antonio Tenorio Adame

  • Antonio Tenorio Adame
  • La legitimidad presidencial “bajo lupa”
  • Un presidencialismo “mutante para no cambiar”

El Congreso recibió el paquete del presupuesto 2018, mientras se prepara la glosa del IV Informe.

La renuncia de Luis Videgaray, no apaga los fuegos, el presidente de los senadores, Pablo Escudero confía en la reanimación de los mercados y la generación de “confianza económica, financiera y social”, refiere también, en que los cambios revisten “perfiles de amplia experiencia”.

La oposición, PAN, PRD, Morena,  no coincide del todo, acerca de José Antonio Meade lo estima como un buen “técnico” con “experiencia en política económica”, pero  en cambio desconfía el nombramiento de Luis Enrique Miranda como responsable de Sedesol, al considerarlo un operador político, capaz de un manejo parcial de los fondos sociales para fines partidistas, como la senadora Laura Rojas, quien prende la “alerta máxima”.

El coordinador del PRD, Miguel Barbosa Huerta, por su parte, afirma que los cambios son “consecuencia de un error histórico”, además alentados por una lucha interna por el control del poder, dirigida contra Miguel Ángel Osorio Chong. Los diputados del PRI, niegan rotundamente ese conflicto.

Ahí en la Cámara de diputados, mientras el PAN acepta el relevo institucional, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco Martínez Neri, observa como “insuficientes” los cambios. El punto de reserva permite blindar la crítica a la política de austeridad que viene agravada por el recorte de más de 200 mil millones de pesos, una visión también compartida por la senadora Dolores Padierna, al apuntar que “es más de lo mismo”.

DE LEGITIMIDAD Y LEGALIDAD, El Presidente Peña Nieto, afirmó que el encuentro con Trump fue “legítimo”, esta pertinaz aseveración fue reforzada en su visita a Zacatecas, inmediatamente después del relevo de Videgaray en Hacienda, con referencia al ejercicio del mandato reiteró  “hoy la ejerzo con enorme compromiso, con sentido del deber y con mi mayor pasión”, confía en el “juicio de la historia”,  tampoco distingue entre lo legal y lo legítimo.

Debe advertirse que la condición para que exista la legitimidad es que la acción cuente con el respaldo del mandante o de la mayoría, en tanto que legal implica que se cumplieron las leyes, por lo que el acto de Peña fue legal pero ilegítimo.

La percepción de un Presidente abatido por la crítica es relativa, aún conserva intactas, excesivas facultades que le permiten tomar decisiones discrecionales, a pesar de que las encuestas revelan la caída de su aceptación, según Miftosky, la aceptación del Presidente es del orden del 29 por ciento, con una desaprobación de 65 por ciento, como la mayor caída en lo que va del sexenio.

Al reafirmar su convicción de un ejercicio legítimo y apegado a la voluntad general, el Presidente confiere que sus decisiones se apegan al interés de la nación, aunque la incomprensión sea coyuntural, la historia le dará la razón. Considera que la medición de las encuestas se basa en la popularidad, cuando lo cierto es que equivale a una aprobación o rechazo a su función de gobernar, por tanto, es un cotejo de los logros de las políticas públicas. La confusión presidencial entre popularidad y eficacia del Gobierno, se revela en su declaración de que alguien puede ser candidato sin ser muy conocido, con bajos niveles de popularidad.

El Presidente no varía su “estilo de gobernar” porque se encuentra blindado de responsabilidad alguna, hipotéticamente solo se le puede acusar de “traición a la patria y/o delitos graves”, (Const, 108), sin que estos se encuentren reglamentados, aún más, el Poder Legislativo que sería quien le juzgaría se encuentra complacientemente sometido por diversos mecanismos políticos, jurídicos y económicos, mientras que el Poder Judicial se imbrica en sus designios. Por tanto no existe ni división ni separación de poderes, no hay contrapeso al poder personal del Ejecutivo.

La estructura del poder se concentra en la figura presidencial, a pesar de que la crítica sea inclemente y despierte un sentido “compasivo”, lejos de que el Presidente se haya debilitado con la transformación de facultades, hasta aparentar que los otros poderes se fortalecieron, lo cierto es que mantiene e incrementó su poder de decisión real.