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El observador parlamentario

  • Antonio Tenorio Adame

5 de junio; de las vísperas al día siguiente

Gobernadores electos con presupuesto en quiebra

El Congreso se encuentra atrapado por la coyuntura electoral bajo la expectativa de la corrupción, como un condicionante del voto. En ambas cámaras se dan pronunciamientos en contra del flagelo.

En San Lázaro, el presidente de la Mesa Directiva, diputado Jesús Zambrano Grijalva, se pronuncia por que el Sistema Nacional de Anticorrupción se discuta en el transcurso del presente mes.

Los saldos del pasado periodo ordinario, en el Senado dejaron la percepción de que la mayoría oficial en el Senado, PRI-PVEM, obstaculizaron la aprobación de la reforma al Sistema Nacional Anticorrupción. En consecuencia, el coordinador de la fracción tricolor, el senador Emilio Gamboa Patrón, realiza una “reparación de daños”.

El coordinador de los senadores priístas informa sobre los logros alcanzados por el Senado, el senador Gamboa Patrón califica el periodo ordinario como “intenso y complejo”. Donde se cumplió con “nuestra responsabilidad” al aprobar “leyes (10 y reformas (59)” y nombramientos (23) para contribuir con un “país moderno y justo”, a la vez “más equitativo e incluyente”.

La segunda flexibilización de la mayoría es en torno a la convocatoria de un periodo extraordinario de sesiones. Al respecto, el presidente de la Junta de Coordinación Política, no es categórico al definir la fecha con precisión, solo la acepta como posible, se refiere a la propuesta de la oposición de celebrase el 28 de mayo., y menciona la inclusión del dictamen del Sistema de Ejecución Penal para su discusión y aprobación.

De mencionar la celebración del extraordinario una semana antes de las elecciones desarticula la argumentación en contra del PRI de sabotear la iniciativa 3 de 3, de tal suerte, el PRI se sube a la cresta de la ola.

Ya los senadores opositores en Comisiones, Marcela Torres Peimbert, y Armando Ríos Piter, dieron el aval de aceptación a la iniciativa del PRI en materia anticorrupción. No sin advertir de las limitaciones del dictamen, procedieron a su aceptación para favorecer la emisión de la convocatoria al extraordinario.

El periodo extraordinario está en el aire, depende de la fuerza que adquiera en las vísperas de los comicios, ¿un vendaval?, o ¿simple brizna de verano?

EL DÍA SIGUIENTE del 5 de junio se valora solo como resultados electorales y no como un corte de caja del balance del sexenio. A partir del cual se inicia un proceso de reajuste financiero de las finanzas nacionales.

Los ajustes financieros en los Estados se han frenado para evitar su impacto lesivo en las elecciones. Es devastador.

Como revela la transferencia de 10 mil millones de pesos que la Federación realizó para evitar su colapso.

Se anuncia una catástrofe es en las pensiones donde el problema ya rebasó la capacidad financiera del estado mexicano, para nivelar las pensiones para mantener el actual nivel de vida se requiere inyectar al sistema el equivalente al 31.6 por ciento del PIB (alrededor de 4.2 billones de pesos)

Para tapar el hoyo que ya tienen las finanzas estatales, cada año el Gobierno mexicano toma 528 mil mdp, equivalentes a 3.8 por ciento del PIB, del dinero debería ir a dependencias federales, como las secretarías de Estado.

Otro “hoyo negro” del desorden en las pensiones son las trabajadores de empresas estatales como Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), y de burócratas de Gobiernos estatales y universidades públicas, cuyos trabajadores no aportan al sistema pero reciben una pensión con cargo al presupuesto público.

La promulgación de la Ley de disciplina financiera fue propicia para el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, quien advirtió del riesgo en que se encuentra la deuda pública de los Estados a niveles desbordados.

En 6 Estados de la República el endeudamiento ha sido superior a sus ingresos por participaciones federales. El secretario Videgaray dijo que: “Hay un conjunto de entidades que presentan altos niveles de endeudamiento, solo menciona a Michoacán y Coahuila, donde no hay elecciones este año.

“La seis entidades federativas, cuya deuda representa más del 130 por ciento de sus ingresos por participaciones federales”, son Estados con alto riesgo de colapsar su gasto público. Adelantaron los compromisos de gasto para redimirlos a cargo de presupuestos futuros.

Algunos de los 13 Gobiernos electos el 5 de junio enfrentarán un presupuesto afectado por los créditos desmedidos que se contrataron a cargo de participaciones federales. La nomina y las pensiones serán golpeadas con gran rudeza.