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El Observador Parlamentario

  • Antonio Tenorio Adame

  • Antonio Tenorio Adame
  • Veracruz y la metamorfosis del federalismo
  • Presidencialismo muestra mayor vigor

 

La salida de Javier Duarte del Gobierno de Veracruz presentó su licencia para separarse del cargo, dejó una deuda de 64 mil 580 millones de pesos, sin cubrir sus responsabilidades administrativas y penales.

En el Senado de la República, cuyas facultades conciernen al conflicto de la entidad, hubo una repulsa unánime: el coordinador del tricolor, Emilio Gamboa Patrón, fue categórico en demandar al exmandatario “dar la cara a la justicia”, para el coordinador del PAN, Fernando Herrero, reitero la exigencia de “enfrentar la justicia”, en tanto para el coordinador del bloque PRD, Miguel Barbosa Huerta, percibe la existencia de un “pacto” con la federación que atenúa la aplicación severa de la ley, como también lo exige el senador (PRI) Héctor Yunes, quien además la considera una salida “tardía”.

LAS CÁMARAS ARMONIZAN su trabajo a manera de un “concierto a dos manos”; respecto a las comparecencias por la Glosa del Informe, además, algunos de los temas son alternos y sucesivos:

a)  Ante diputados comparece el secretario de Educación, Aurelio Nuño, a quien reclaman recortes presupuestales y ante senadores, Enrique Miranda a quien la oposición lo señaló carecer de imparcialidad y ser partidista; así también la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruíz Massieu.

b) Las leyes aprobadas por los diputados de los Asentamientos Humanos, organización territorial y desarrollo urbano, en el Senado es aprobada con 68 a favor y 25 en contra, la senadora Cocoa, Luisa María Calderón pidió se allanara a la ley agraria por el “poco cuidado de las tierras sociales”.

LA SALIDA DE DUARTE, no significa ni una dimisión como tampoco una renuncia, la primera se presenta en el sistema parlamentario, cuando un alto funcionario deja su cargo, en tanto la segunda no es posible porque la Constitución prohíbe la renuncia en cargos de elección, por una parte respetar el voto público y por otra exigir las responsabilidades de delitos cometidos durante el cargo, figura en la cual se encuentra el exmandatario jarocho, quien debe ser sujeto a juicio de procedencia por parte de los diputados quienes lo despojen del fuero, para luego el Senado se convierta en Jurado de sentencia a fin de determinar la pena correspondiente.

A partir del “salinato”, 1988, una veintena de gobernadores dejaron su cargo en medio de conflictos políticos y de orden público, con anterioridad el despojo de la investidura gubernamental se realizaba por la vía de la declaración de desaparición total de poderes para nombrar un gobernador provisional (76-V constitucional); fue desechado por su aplicación polémica, cuando en realidad se ejecutaba un mandato del Presidente de la República.

En el deslinde de la forma de presionar la salida de gobernadores se advierten las tonalidades del federalismo a la mexicana, antes y después de la declaración de desaparición de poderes cambiado por el sencillo procedimiento de solicitar licencia a la separación del cargo al Congreso, este so pena de aplicar cargos penales o bien la compensación de un comisión de consuelo en un sistema de complicidades.

Bajo la forma de solicitar licencia a causa de ajustes electorales, transición de régimen de Salinas de Gortari, -cuestionado en su legitimidad-, así como las “concertacesiones”, estuvieron los casos de : Luis Martínez Villicaña, Michoacán 1988, Xicoténcatl Leyva Mancilla, Baja California, 1989; Fausto Zapata, SLP, 1991; Mario Ramón Beteta, Edomex, 1989; Ramón Aguirre, Guanajuato, 1991.

Por otra parte, los conflictos políticos, sociales, y armados, EZLN, Acteal y Aguas Blancas, salieron: Guillermo Cosio Vidaurri, Jalisco, 1992 ; Rubén Figueroa, Guerrero, 1996; Eduardo Robledo, Chiapas, 1997; Sócrates Rizo; Nuevo León, 1996 y Jorge Carrillo Olea, Morelos, 1998.

El narcotráfico y la corrupción abrió el expediente carcelario a Mario Villanueva de Quintana Roo, 2001; Andrés Granier Melo, Tabasco en 2013.

La ingobernabilidad del conflicto social se presentó con Fausto Vallejo en Michoacán, 20 de junio de 2014 y Ángel Aguirre en Guerrero, 26 de octubre 2014, los dos quedaron fuera de sus cargos.

El Federalismo mexicano preserva aún la tutela de un presidencialismo que lejos de atenuar su poder de decisión lo aumentó en los hechos.