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El observador parlamentario

  • Antonio Tenorio Adame

– La corrupción “punto axial” de campañas

– Código de ética: ¿Diputados como empleados del Gobierno?

El eje de rotación de las campañas electorales en curso es: la corrupción, los candidatos y los partidos quieren huir de su propia sombra.

En el Senado se trabó el paquete de reformas del Sistema Nacional Anticorrupción y ahora se busca un periodo extraordinario. En San Lázaro, se aprobó el Código de ética, cuya publicación en el Diario Oficial el martes 10 de mayo del presente, para convertirse en referencia necesaria.

La Comisión Permanente instaló las Comisiones de Trabajo, añadió la Comisión de seguimiento a los procesos electorales del 2016, al frente están el senador (PRI) Enrique Burgos, y el diputado Guadalupe Naranjo, a fin de evitar que las sesiones se conviertan en “comisaria electoral”.

También, el senador (PRD) Miguel Barbosa enfatiza en la disyuntiva de Miguel Ángel Mancera como candidato del PRD o el partido se va a la deriva. Una definición categórica.

DIPUTADOS COMO SUS JUECES, tal parece es la intención del Código de ética de los diputados, en principio es encomiable la intención legislativa de regular, prevenir y evitar conductas dolosas que dañen la imagen del cuerpo colegiado de los diputados. Sin confundir la acción con el predicado, dado que existen actos en contrario o al menos reducen su intención originaria.

La iniciativa de decreto fue promovida por el Comité de ética y prácticas parlamentarias, su presidente es el diputado Jorge Triana y la secretaria, Carolina Monroy (PRI). Su aprobación, 287 votos a favor, 47 en contra y 33 abstenciones en el pleno significan, al menos, una actualización orgánica interna, en paralelo con otros parlamentos del mundo que disponen al igual de un instrumento rector como disuasión y de sanción administrativa a conductas lesivas.

Cabe señalar, como un antecedente inmediato y casi directo, la publicación de un Código de intención similar destinado a la burocracia federal, promovido por la Secretaría de la Función Pública, del 19 de agosto del 2015, cuya promulgación fue una respuesta oblicua por el impacto mediático del abuso de viáticos en viajes de funcionarios al extranjero.

¿Cuál es la diferencia entre uno y otro Código de ética?, ¿servidores públicos son lo mismo que representantes populares?; aparte de que ambos responden a “remordimientos de conciencia” ante “pecados cometidos”, en una administración federal cuya percepción es la “corrupción”, cuya filtración atrapa a todos.

En el terreno de los hechos no existe diferencia alguna, ambas son declaraciones retóricas, un catálogo de buen comportamiento, siempre recomendable pero sin ningún efecto real, cuyo fin es difundirlo en los medios.

La única diferenciación posible, fue desechada por los propios diputados, debido al mandato reglamentario cuyo imperativo es que toda disposición orgánica del Poder Legislativo, así como sus resoluciones jurisdiccionales, no requieren de ser publicadas, ni promulgadas por el Poder Ejecutivo (LO 3.2); como ocurrió el pasado 10 de mayo, cuando precisamente apareció publicado en el Diario Oficial de la Federación el Código de ética de los diputados.

Ahí los legisladores reciben un trato de empleados del Gobierno, perdieron su capacidad de representación soberana.

Y no falta un trivio al preguntar, ¿en qué daña? Bueno tampoco fortalece la división o separación de poderes, ni da más lustre, ni conocimiento a la LXIII Legislatura, o ¿los diputados son empleados de Enrique Peña?

Porque el primer principio ético es respetar las normas propias para disponer de la capacidad de legislar para la sociedad.

También es posible afecte el decoro, ¿quizás? , si acaso, los valores sean relativos…