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El Observador Parlamentario

  • Antonio Tenorio Adame

  • Antonio Tenorio Adame
  • La Reforma de Seguridad Interior ¿afectará el Centenario de la Constitución?
  • Clausura del periodo de sesiones ordinarias en medio de grandes tensiones

A punto de clausurar el Periodo ordinario de sesiones del Congreso aumentan las tensiones, y surge la emergencia de regularizar la presencia de las Fuerzas Armadas en el orden público para combatir la delincuencia organizada. La prioridad del Congreso es la Ley de Seguridad Interior que permita a las fuerzas militares mantenerse en tareas propias de seguridad pública y no de orden nacional, se otorgue así, el apoyo legal a sus actividades fuera de sus cuarteles, como lo establece el Artículo 129 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los presidentes de las cámaras federales, senador Pablo Escudero Morales, y diputado Javier Bolaños, proponen un acuerdo para que la Comisión Permanente promueva la convocatoria del periodo extraordinario en el mes de enero, sujeto a previo dictamen sobre el cual disponer materia de discusión y acuerdo, a la vez que sugieren trabajar bajo el sistema de conferencia legislativa para favorecer un avance en los consensos del proceso legislativo. La reforma va contra reloj; el próximo 5 de febrero se conmemora el Centenario de la Constitución, sería atroz una regresión legislativa que afectara su sentido y contenido de regular los usos militares.

El senador Pablo Escudero en cumplimiento de sus obligaciones reglamentarias, de proteger el fuero constitucional e integridad de los legisladores, solicitó una indagatoria inmediata a las autoridades del Estado de México, sobre la agresión que sufrió la senadora del Partido del Trabajo, Ana Gabriela Guevara Espinoza, quien el pasado domingo fuera atacada físicamente cuando se transportaba en su moto sobre la carretera de la entidad.

La oposición manifiesta su resistencia a las prisas obsequiosas de la oficialidad, el coordinador del PRD, Miguel Barbosa Huerta, califica de “albazo” el intento de convocatoria del extraordinario cuando se carece de un dictamen previo; por su parte el senador del PAN, Roberto Gil Zuarth, reclama destrabar la minuta de los diputados sobre el Mando Mixto, cuyo contenido y objetivo se relaciona con la seguridad interior.

El PAN desde su trinchera opositora se muestra renuente a la colaboración en temas agendados como la Justicia cotidiana, la marihuana para fines médicos, la autonomía de los Tribunales Electorales de los Estados, además de que la colegisladora no avala la Ley de Trata de Personas, las presiones internacionales se dejan sentir porque la actual ley carece de instrumentos jurídicos para encarcelar a los culpables.

LAS DIFICULTADES DE APROBAR LA LEY DE SEGURIDAD INTERIOR; entre los requerimientos para su aprobación se encuentra la propia Constitución que establece en su Artículo 129 que los contingentes armados en tiempo de paz deben permanecer en sus cuarteles, por otra parte, la reforma que se espera discuta el Congreso, se promueve bajo el esquema de consultas públicas, mecanismo que requiere un desplazamiento regional por el interior del país.

La participación de organismos civiles, defensores de derechos humanos y de periodistas se muestran activos en resistencia a la permanencia del Ejército y Marina en funciones de policía. El secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos Zepeda, fue contundente al referir que no era tarea propia de las Fuerzas Armadas, exigió el respaldo legal para evitar la responsabilidad ante organismos internacionales.

El jueves pasado 8 de diciembre, el Secretario de la Defensa reclamó la necesidad de un marco legal que regule la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Añadió “si quieren que estemos en los cuarteles, adelante. Yo sería el primero en levantar no una sino las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales”. La definición es categórica, taxativa de trazar la responsabilidad de los operativos militares, en particular en relación con el Tribunal de Justicia Internacional, donde irá a parar la demanda de los 43 normalistas desaparecidos y otros más. De tal modo ha quedado constancia que el Ejército mexicano solo acataba las órdenes del presidente Peña Nieto.