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El Observador Parlamentario

  • Antonio Tenorio Adame

  • Antonio Tenorio Adame
  • Aguinaldo a diputados pervierte la “representación de la nación”
  • Senadores advierten una paz muy frágil

El receso del Congreso paraliza el activismo político ante la proximidad de la epifanía del Redentor. Son tiempos de reflexión y convocatoria a una renovación espiritual en la paz y fraternidad. Sin embargo, los escenarios de violencia en el país no permiten disfrutar un clima de buena voluntad.

Existe inquietud en torno a la fragilidad de la paz social en el país, luego de una década de guerra irregular que ha cobrado la vida de más de 150 mil personas, y más de 28 mil desapariciones forzadas, según el Registro Nacional de personas extraviadas y desaparecidas; además que los operativos de las Fuerzas Armadas, en costos humanos, son esfuerzos casi nulos porque no se registran tendencias a disminuir el grado de violencia.

A la fecha, las autoridades no han reconocido el fracaso del despliegue militar contra el crimen organizado, ante la tendencia de mantener la inercia del conflicto y de sus efectos colaterales, como la impugnación de la falta de legalidad e infracciones a los derechos humanos en los operativos del Ejército: Ayozinapa y Tlatlaya.

Ante la creciente demanda de establecer las responsabilidades -algunas resueltas en tribunales mexicanos más otras demandas interpuestas en instancias internacionales- el secretario de la Defensa, general Salvador Cienfuegos, reclamó la creación de un marco jurídico que otorgue legalidad a las operaciones del Ejército en tareas de seguridad interior. Una demanda que la mayoría del Gobierno en el Congreso se apresuró a incubar.

La oposición en el Senado se encuentra alerta ante la tentativa de que apresurar la salvaguarda a las fuerzas armadas lleve al país a la militarización, como fue señalado en contundencia por el senador Manuel Bartlett Díaz, quien advirtió de la amenaza que se cierne sobre la ciudadanía: que el estado de excepción serviría para proteger las inversiones estadunidenses.

En la misma sintonía se escucharon las palabras del coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa Huerta, quien se opone a un “albazo legislativo” para al “vapor” la Ley de Seguridad Interior, se deben realizar foros de consulta con especialistas y escuchar a partes interesadas en el tema, sin olvidar que existen temas pendientes que requieren de ser atendidos, tales como: nombrar el fiscal anticorrupción, la Ley orgánica de la fiscalía general de la República, entre otras.

El entorno de temores y prevenciones que agobian a la población en estas fechas de paz y armonía -lo acontecido en Tultepec, Estado de México, en una explosión en el mercado de fuegos artificiales- dio oportunidad a la senadora independiente, Martha Tagle Martínez, a percibir la causa de la muerte de 33 personas como consecuencia de la corrupción y la negligencia de las autoridades de la entidad, cuando aseguraban que prevalecían las medidas de seguridad para su operación. El dolor y la vergüenza van juntas cuando la impunidad impide que los a responsables se les someta a la justicia.

AGUINALDO DE DIPUTADOS. Las fiestas decembrinas registran un alto consumo, derivado de los aguinaldos que recibe la población como parte de la remuneración a su trabajo desempeñado. Los legisladores también pasarán una noche buena en buen estado de ánimo, recibieron por ese concepto llamado eufemísticamente “aguinaldo”. La diferencia entre los asalariados y los diputados reside en el concepto distinto que perciben como remuneración a sus esfuerzos productivos.

Los legisladores perciben como remuneración por su trabajo “una dieta”, tal como indica el artículo 64 de la Constitución, que “debe descontarse el día que falten a la sesión”. Esa idea de “dieta”, corresponde a su total independencia de cualquier factor de poder que niegue su “conflicto de interés” o parcialidad que impida su “libre albedrío, con el fin de que solo atiendan el “interés de la nación”.

El presidente de la Junta de coordinación política (JUCOPO), FranciscoMartínezNeri, excusó a los diputados de recibir ese robusto “bono navideño” -350 mil pesos-, al encubrirlo como ayuda de gestoría, el cual debe acreditarse para fines fiscales. Alrededor de 25 diputados renunciaron a la prebenda, otros más ofrecieron donarlo a nobles causas. Ese no es el problema principal.

El asunto que se plantea al recibir el “bono” no es solo la soberbia de aceptar un ingreso no devengado en el periodo de ajuste del presupuesto -un doble abuso de poder-, sino del origen de los recursos provenientes del Poder Ejecutivo, donde los diputados pierden su independencia como representantes del interés de la nación.