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El Observador Parlamentario

  • Antonio Tenorio Adame

  • Antonio Tenorio Adame
  • El flagelo de la corrupción y los antídotos del Congreso
  • El Presidente debe volver asistir a rendir su informe al Congreso

A paso lento y difícil marcha la lucha anticorrupción en el Congreso de la Unión, en ambas Cámaras se dan esfuerzos a su favor en diverso grado.

El Pleno del Senado discutió y adecuó su Ley orgánica a la Constitución de la Ciudad de México, en otra parte del debate la senadora del PRI, Hilaria Domínguez, abordó la correspondencia entre la Ley Orgánica del Congreso y la Constitución de la federación en materia del informe presidencial, cuestión abordada también por el senador Alejandro Encinas, quien enfatizó que el 1º de septiembre, lejos de ser el día del Presidente, es el día que él debe rendir cuentas al Congreso; los tiempos cambian y las propuestas también.

En el Senado se diseña una estrategia desde el ámbito institucional y de la sociedad, el senador Héctor Yunes, ofrece el nombrar al fiscal anticorrupción antes del 14 de marzo.

El balón anticorrupción corre en la cancha de los diputados, ahí se ventila los cambios de aire de la administración federal por medio del juicio político que se mantiene bajo control, oculto de la subcomisión de examen previo, así como también, a través de la cuenta pública con por el Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel del Portal, quien registra un desvió de 30 mil millones de pesos en la Cuenta Pública de 2015. Los contrapesos del Poder Legislativo promueven la depuración interna.

Los avances para frenar y desparecer la impunidad de los servidores públicos son relativos y condicionados, la subcomisión de examen previo desechó 107 demandas por causas de su prescripción en el lapso del 2003 al 2014, quedan pendientes otros 255 casos que serán dictaminados el próximo 22 de marzo. Por fin se mueve el lastre de la subcomisión, en virtud de la insistencia y denuncia del diputado del PRD, Rafael Hernández Soriano, precisó que cada denuncia requiere un examen propio. Se advierte que no caben las exoneraciones en paquete, como tampoco las comisiones deciden por el pleno de la Cámara, al final ¿Quién decide el todo o la parte?

La Subcomisión, bajo control de la mayoría, no se reunía desde 2003, hace tres legislaturas, ahora se actúa movidos por las sanciones impuestas por un juez al multar con siete mil 500 pesos a los 14 miembros de la Comisión de examen previo.

El procedimiento, un tanto extraño, excluyó al responsable de exigir el dictamen de comisiones según el Reglamento interno, es el presidente de la Mesa Directiva, en su momento, el diputado Javier Bolaños, quien por cierto fue relevado sin mediar ni renuncia ni solicitud de licencia al pleno, sino por una sustitución de acuerdo interno de su grupo parlamentario (PAN). Se burlan del Reglamento.

El diputado Marko Cortés, obedeció las instrucciones de Ricardo Anaya con intención de convertir a Javier Bolaños en candidato al Gobierno de Morelos, para ello dividió la presidencia de la Mesa Directiva, para dar paso a la diputada Guadalupe Murguía, de esa suerte se partidizó el órgano de Gobierno, sus designados en hombres de partido y no en individuos al servicio del Congreso.

La partidización del Congreso se deja sentir en el Comité Técnico coadyuvante de la integración de ternas, donde se incluyó a Humberto Aguilar Coronado, quien ha sido subsecretario de Gobernación en administraciones del PAN, se blindan así el interés panista.

La ley de seguridad interior parece atascarse en la Cámara de Diputados, donde acudió el secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, quien “urgió” a los diputados aprobar la Ley de Seguridad Interior, según dice “con todo respeto”. Se reiteró la solicitud de acuerdo, en el lenguaje político, la sola presencia del secretario expresaba el mensaje a los legisladores para emitirlo en el salón de sesiones.

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos es necesario que se aplace la aprobación de la LSI. No existe el mismo criterio para los familiares de las víctimas, quienes están en total desacuerdo con la LSI, su impugnación es impedir la impunidad, a la vez, Miguel Concha expresa que valdría la pena empezar a hablar acerca de paz en confrontaciones políticas y sociales.