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El Observador Parlamentario / Antonio Tenorio Adame

  • Antonio Tenorio Adame

La “verdad histórica” y la memoria histórica

La comparecencia de Osorio Chong ¿inocua?

La glosa del Informe se ha iniciado con la presencia de los Secretarios de despacho, lo que permite manifestar públicamente las irregularidades de la administración bajo su responsabilidad oficial. La crítica no es vinculatoria por lo que no sucede nada pese a los agravios denunciados, pero sí afecta su imagen pública.

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio, ha sido el primero en llegar a tribuna para ofrecer cifras de seguridad que muestran avances relativos. No obstante, prevalece la incertidumbre de una violencia social no controlada y la impugnación de los desaparecidos de Ayotzinapa bajo el asedio de “un crimen de Estado”. Se responde con “verdades históricas” evasivas , no se alude a la memoria histórica.

En el ámbito del Senado, la mayoría se obliga a defender a la administración, el Presidente de la Jucopo, el senador Emilio Gamboa Patrón convoca a un armisticio, bajo el “respeto mutuo”,  en debate “serio y responsable”, como plegaria partidista, en tanto el Presidente del Senado, Roberto Gil Zuart, va al punto del conflicto al solicitar se escuche y se atiendan las demandas de los Padres de los normalistas. El debate se ha tensado, si el consenso lo marcó el Pacto por México, ahora Ayotzinapa propicia el disenso.

Al panorama de tensiones crecientes hay que sumar la dispersión de prioridades, los partidos reclaman la aprobación de sus proyectos, el senador Miguel Barbosa Huerta, llama a los diputados a aprobar la reforma del DF antes del paquete económico, de otra manera se dificulta su camino, la senadora Angélica de la Peña, revisa el informe de la CNDH en el caso Ayotzinapa y atiende a la Comisión de los Derechos Humanos de la Corte Interamericana, y el senador Fernando Yunes pide se atienda la reforma de seguridad como prioridad. El desencuentro de metas y objetivos de la agenda en el Senado es evidente.

LA VISITA DEL PAPA, parece que la presencia en América, del Sumo Pontífice, Jorge Mario Bergoglio, ha sido ignorada en el Congreso, excepto por la carta que entregó el senador Armando Ríos Piter, intercediendo por los 43 normalistas, no hubo examen alguno derivado de su actitud asumida ante el asunto de la migración, el contrabando de armas, y el fortalecimiento de la identidad de los residentes latinoamericanos que impulsan el crecimiento del catolicismo en la Unión Americana, como el desafió más claro al aberrante discurso de Donald Trump.

El arzobispo de Los Ángeles, José H. Gómez, calificó en una conferencia del pasado mes de mayo, a Fray Junípero Serra como “el primer inmigrante mexicano” , porque “vivió y trabajó a más de una docena de años en México antes de venir a California”, no hay dolo en la afirmación del clérigo y es posible coincidir con la referencia como una reencarnación social pero desde luego que es una visión del pasado con ojos del presente.

Si de lo que se trata es de dotar a la comunidad latina migrante de un Santo el recurso religioso es eficaz, pero si a lo que se llega es a distorsionar la historia para legitimar un despojo territorial es una aberración, ya que la Alta California fue uno de los cuatro territorios de México reconocido en la Constitución de 1824.

UNA LEY DE MEMORIA HISTÓRICA, las tergiversaciones de la historia de México ocurren regularmente, en Londres el Embajador mexicano, Diego Gómez Pickering, exalta la figura de Porfirio Díaz  convirtiendo el ceremonial del Grito de Independencia en un acto grotesco.

La voz popular imputa como crimen de Estado a los desaparecidos de Ayotzinapa, la violencia recurrente del Estado se encuentra al desnudo en actos que asuelan el temor de los ciudadanos, en los tiempos inmemoriales de actos de criminalidad de Estado, hasta Tlatelolco de 1968, 10 de junio de 1971, o los 25 desaparecidos de 2066 a la fecha es una pesada carga que exige el esclarecimiento de los sucesos históricamente a convertirlos en  persuasibles por la credibilidad de la sociedad.

Por todo ello, se requiere una Ley de memoria histórica.