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El Observador Parlamentario / Antonio Tenorio Adame

  • Antonio Tenorio Adame

  • Blindaje al debate y juicio político con tiempo“limitado”
  • Persecución a defensores de derechos humanos

Los congresistas se recuperaron de sus fatigas, vuelven a sus actividades ordinarias con más bríos, ante los plazos “contra reloj” del periodo ordinario que finaliza el 30 de abril próximo. Solo 9 sesiones más y cierra el Congreso.

El presidente del Senado, Roberto Gil Zuart, comprometió la presentación del dictamen del Sistema Nacional Anticorrupción en tiempo y forma.

También en el ánimo los grupos parlamentarios prevalece la intención de recuperar tiempos, quieren descargar la Agenda Legislativa. Un tema de lacerante y obvia presentación es el de Mando Único policial y la reforma en materia de seguridad pública. A su vez la Ley de protección contra la tortura exige sea aprobada.

EL BLINDAJE DE LA MAYORÍA para evitar que el debate trascienda al cuestionar y debilitar la escasa racionalidad de las leyes aprobadas se da por medio de los tiempos legislativos, uno de ellos es comprimir el lapso de los ordinarios para que al final del periodo se aplique “vía fasttrack” bajo presión con el menor debate posible.

El senador Armando Ríos Piter, advierte del dilema que prevalece en la carrera apresurada por aprobar es el riesgo de “votar a ciegas” o de otorgar un “cheque en blanco”, se requiere de un debate sustantivo y a fondo, donde se consideren las opiniones de los Organismos No Gubernamentales y de ciudadanos.

Al parecer la observación es oportuna y sensata, como ocurre con el dictamen de la Prevención de la Tortura donde la mayoría estima como válida la declaración del acusado en cualquiera de sus aceptaciones, mientras la Comisión Mexicana Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, lucha porque dicha declaración se condicione a que no se aplique la tortura de manera clara debe ordenarse desde el principio la exclusión de toda prueba obtenida directa o indirectamente, a partir de cualquier acto de tortura o tratos crueles.

Aunque para algunas instancias de Gobierno, e incluso ONGs, esta salvaguarda de garantías individuales, es abrir oportunidades a la delincuencia y convertirse en acusadores y víctimas. Tampoco se muestran convencidos de que en caso de tortura se sancione a mandos superiores junto a los involucrados con los actos de tortura.

A la crisis humanitaria que padece el país, se agrega la actitud parcial excluyente de órganos del Gobierno de rechazo a las recomendaciones de nivel internacional, además de una campaña mediática contra el Grupo de Especialistas Internacionales (GIEI )del caso Ayotzinapa, así como un clima de ataques, hostigamiento y persecución a defensores y personalidades promotoras de derechos humanos, toda una vocación de despotismo burocrático.

EL DICTAMEN DE JUICIO POLÍTICO a la diputada del Congreso de Sinaloa, Lucero Sánchez ha sido pospuesta su presentación al pleno de los diputados por el diputado presidente de la Comisión de examen previo, Ricardo Ramírez Nieto (PRI) con el argumento expuesto de que “no alcanza” el tiempo, se tratará de sacarlo en 60 días hábiles como marca la ley, sería entonces “a mediados de mayo”. La Mesa Directiva seguramente convocará al periodo extraordinario concluye el diputado tricolor.

La declaración a medios deja insatisfacciones y dudas; ¿la Comisión Instructora de acuerdo al Reglamento, debe entregar el Dictamen de procedencia a la Mesa Directiva?, a su vez esta programar su presentación al pleno de diputados, son ¿ellos los que votan si se aprueba o no?

La convocatoria a periodo extraordinario es facultad de la Comisión Permanente (Const. 78-IV) “acordar por si o a propuesta del Presidente de la República”. Los periodos extraordinarios, en cuya convocatoria se fijan los temas como únicos a someter a procedimiento legislativo.

¿No se quiere contaminar con otras solicitudes de casos semejantes?

Ya se sabe que en el extraordinario, solo se abordan los asuntos de la convocatoria, así se evita que las solicitudes de juicio político a otros personajes que lo ameritan, entre ellos, el gobernador de Veracruz Javier Duarte Ochoa, y Gabino Cue Monteagudo, de Oaxaca, sean expuestos a la exigencia de que sean sometidos a las responsabilidades por conductas ilícitas.