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El Observador Parlamentario / Antonio Tenorio Adame

  • Antonio Tenorio Adame

  • Senado: la iniciativa “3 de 3”, desplazó a la oposición
  • Diputados declaran 2017 año constitucional

El Congreso de la Unión declara su clausura de sesiones ordinarias y elige a los miembros de la Comisión Permanente que dará presencia a la instancia legislativa, a fin de mantener la continuidad constitucional ante casos graves e imprevistos como ocurriría con la muerte del Presidente. Es una entre otras razones importantes.

Se espera la aprobación “fast track” de la iniciativa del Presidente en materia de legalización de la mariguana con fines médicos y mayor gramaje de portación. El presidente del Senado, Roberto Gil Zuarth, demandó que se vote en conciencia y “no imperen las líneas partidistas”. Faltaría que los diputados también aprobaran sin discusión la iniciativa presidencial, tal como ocurrió con la aprobación sin debate ni oradores de la reforma del artículo 44 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, para facultar a los consulados a expedir actas de nacimiento.

El periodo ordinario que fenece, se caracterizó por el funcionamiento del Congreso que se ha desplegado en la mayoría de presentación de iniciativas para reconocer a la Cámara de Senadores como cámara de origen, en tanto, la de diputados se ha situado como Cámara revisora. En esa virtud actuó para ratificar la ley de Zonas Económicas.

También, los diputados declararon, con 420 votos unánimes, el año 2017 como “Año del Centenario de la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.

Al cerrar sus sesiones ordinarias, en el Senado de la República se distorsionó y descarriló el proceso legislativo, la incursión de la sociedad civil con la iniciativa de “3 de 3, como parte de la reforma de las siete leyes secundarias del Sistema Nacional Anticorrupción, dio un vuelco tradicional, trámite con efectos en diluir y desplazar el debate fuera de las comisiones para caer en control de la mayoría del PRI-PVEM desplazando a la oposición.

El proyecto de dictamen quedó atenuado en sus términos, se permite al servidor público evitar la sanción administrativa si devuelve los recursos públicos sustraídos.

El dilema no reside en la aplicación de medios estatutarios por la mayoría oficial, sino en el desplazamiento de la representación indirecta del voto público por la autorización otorgada vía el plebiscito.

La experiencia probada, ahora llevará a la oposición en el Congreso, a recoger la iniciativa ciudadana en sus términos y mantener la discusión de comisiones para proceder al dictamen. Debido a que los representantes de la iniciativa de responsabilidades administrativas encabezados por los expertos Josefina Cortés Campos (ITAM)* Max Kaiser Aranda (IMCO), José Roldán Xopa (CIDE) y la asesoría de no menos de quince especialistas, tuvo un éxito arrasador mostrado en la cantidad de firmas obtenidas en su apoyo.

Aparte, los negociadores ante el Senado fueron Eduardo Bohorquez, de Transparencia Mexicana, y Juan E. Pardinas, del Instituto Mexicano de la Competitividad, quienes en principio se apoyaron en la oposición para abrirse espacio en la comisiones de estudio del Legislativo, pero al final, se replegaron a la mayoría del Gobierno para generar una nebulosa de desconcierto y dudas.

La discusión, entonces, no se sitúa en la calidad del texto y la legalidad de apoyo obtenida, sino en el proceso legislativo en su parte operativa porque quienes detentan o representan la legislación ciudadana

Al final, son quienes deciden entre una u otra opción que ofrecen los partidos, como quedó demostrado, primero, se apoyaron en la oposición PAN-PRD y después, en la mayoría oficial PRI-PVEM, es ahí donde la iniciativa ciudadana se partidiza, como conclusión, los ciudadanos entregan un “cheque en blanco” a sus negociadores en el Congreso.

Surge el dilema: ¿Hasta dónde la iniciativa ciudadana se subordina a los partidos?, o ¿hasta dónde se transmuta en un partido?