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El peritaje de la impunidad

  • Luis Humberto Fernández

El día de ayer se presentó el peritaje sobre el socavón. A nadie sorprende que haya sido un acto cosmético y de simulación. En una conferencia de prensa con funcionarios más preocupados por no decir nada, sin convicción alguna para la rendición de cuentas y con preguntas controladas (las preguntas fueron leídas, no en propia voz de los medios), lo único que se hizo fue alimentar la desconfianza y generar más dudas.

Si un peritaje es una opinión técnica, objetiva y especializada que busca aclarar la visión sobre un tema, entonces resulta triste y poco serio que usen términos como “posiblemente” o “suponemos”, esto no habla ni de rigor científico, ni de responsabilidad ética.

Al final del día, el informe cumplió lo que la SCT buscaba crear: lanzar una bola de humo que no aclara ni define responsables. Pensar que la tragedia ocurrió únicamente por errores en la planeación no habla de un estudio integral serio.

El tema de fondo en el peritaje, como estudio científico y exhaustivo, es la gran ausencia de fincar responsabilidades al Secretario y a las empresas Aldesa y Epcor que construyeron la obra, en dos vertientes fundamentales: la primera es el homicidio por corrupción, esto es, que la negligencia engendrada por la voracidad haya derivado en la muerte de un padre y un hijo. La segunda es un proceso corrupto que permite a empresas desprestigiadas, con antecedentes de incumplimiento y corrupción, participar en la construcción de obras de esta magnitud.

El peritaje presentado ayer es una escena más de ese complejo entramado de corrupción e impunidad, de la protección que el Presidente les brinda a sus amigos, en especial, a aquel favorito que representa a los contratistas y sus intereses. No habrá un paso adelante en el combate a la corrupción si no se tocan de fondo los intereses de los grandes contratistas en el desarrollo de infraestructura, es decir, si no se les aplica la ley.

Hoy en el Senado trabajamos en el diseño de una nueva Ley de Contrataciones de Obras Públicas, que de aprobarse evitará tragedias como estas y será, vale resaltar, la primera ley de próxima generación para el combate a la corrupción.

La contratación de obra pública es la espina dorsal de la corrupción en México. Si como país no somos capaces de tomar en serio los daños que ocasiona, no podremos retomar la ruta de la prosperidad y el crecimiento.

El Secretario de Comunicaciones y Transportes es el funcionario con menor vocación republicana y mayor opacidad en los procedimientos de asignación de contratos de obra. El futbolista Rafa Márquez se presentó ante la PGR a aclarar su situación jurídica, ¿cuándo el Secretario pasará a aclarar?

El Presidente enfrenta un dilema de fondo: elegir entre pasar a la historia como el Presidente de los contratistas y prevaricadores o tratar de rescatar los tropiezos de su legado y permitir una investigación seria, para aplicar una sanción justa a quien resulte responsable.

@LuisHFernandez