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El retroceso democrático en Brasil

  • René Arce

La oposición política al Gobierno de Brasil, encabezado por la presidenta Dilma Rousseff, ha utilizado todas las herramientas de vacíos legales para poder proceder en contra de la jefa de estado brasileña. Todo el esfuerzo de la oposición ha dado como resultado un golpe de estado bastante bien simulado, dejando de lado los golpes de Estado latinoamericanos del siglo pasado.

Esta vez se ha orquestado desde las instituciones democráticas brasileñas, siendo el comienzo los acuerdos políticos para lograr una mayoría en el congreso, que llevara a la silla de los acusados a Dilma. En el proceso de deliberación, se percibió un vacío legal en los sustentos por los que la nueva mayoría quería enjuiciar a la Presidenta, pero los acuerdos eran tan fuertes que permitían proceder en sus intenciones, más allá de la débil justificación entre corrupción y opacidad en el Gobierno de Rousseff.

El problema de fondo es que las leyes actuales en dichos temas posibilitaron el golpe de Estado, ya que el sistema brasileño no posee las facultades para poder perseguir de forma sistemática la corrupción, la opacidad en los gobiernos y la falta de rendición de cuentas. Si esto lo pasamos al caso mexicano, veremos el riesgo que se corre con nuestras leyes actuales y con las propuestas que se discuten actualmente en el Senado para los temas de anticorrupción.

El hecho de que no se encuentre contemplada legalmente una visión de redes de personas, ocasiona que con el enjuiciamiento de solamente una persona, se genere la idea de que se puede acabar con el delito. Eso fue justamente lo que le pasó a Dilma, solo a ella la responsabilizaron de todas las acciones de su Gobierno. Es ahí donde encontró la oposición el vacío legal para poder dar el golpe de Estado.

Que varios de los que han usado la tribuna y los medios para acusar y hacer juicio político contra Dilma, estén acusados de actos de corrupción, estén presentes en los PanamaPapers y otros hechos de los cuales sería necesario iniciar un proceso, acaba no siendo motivo para investigarlos, ya que el acuerdo político y la débil ley fungen como sus protectores. En Brasil como en otros estados latinoamericanos, el problema de la corrupción se encuentra enraizado en el sistema político y sus instituciones porque las leyes facilitan su réplica.

Ese es el riesgo en el que está México: seguir replicando sistemas corruptos en donde los grupos de poder pueden hacer lo que les convenga, apoyados en los vacíos legales. La modificación del sistema debe venir basada en la vinculación institucional, el correcto proceder de la investigación y sanciones a las personas implicadas y a sus bienes.

Es necesario que las leyes sean claras y adaptadas a la realidad en la que vivimos, lo experimentado en Brasil, deja ver que cuando los intereses de grupos se ponen de acuerdo y no hay una fortaleza legal e institucional, pueden poner en riesgo los avances democráticos obtenidos. En México también están en riesgo y habrá que mantenernos atentos todos para defender los derechos adquiridos de nuestra transición democrática.

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