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El Sistema de Pensiones en México. La Pensión Universal / Daniel Ávila Ruiz

  • Daniel Ávila Ruíz

(Primera de tres partes)

Hace unas semanas, investigadores del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD) entregaron a los legisladores un estudio sobre el contexto del Sistema de Pensiones en México y su discusión actual.

De acuerdo con el documento, el Sistema de Pensiones de México ha evolucionado por distintas etapas: de ser un fondo solidario, hasta transformarse en un sistema de inversiones de cuentas individuales. Sin embargo, prevalece la preocupación en la agenda social de los mexicanos de dar sustentabilidad al sistema, debido tanto a la transición demográfica que está viviendo el país, como al alto costo fiscal que implica para los contribuyentes en un contexto de baja recaudación impositiva.

El documento del IBD aborda tres propuestas de reformas al sistema de pensiones: la del Ejecutivo federal sobre la Pensión Universal, la propuesta de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), y la Iniciativa presentada por el Ejecutivo federal sobre el Pensionissste.

Sobre la primera, el ocho de septiembre de 2013 el Ejecutivo federal presentó una Iniciativa de Decreto por el que se expiden la Ley de Pensión Universal y la Ley del Seguro de Desempleo. El 29 de octubre de ese año, el Senado de la República recibió la minuta turnada por la Cámara de Diputados, con la cual se remite el Proyecto de Decreto por el que se reforman diversos artículos a la Carta Magna, para elevar a rango constitucional la Pensión Universal y el Seguro de Desempleo, misma que permanece pendiente en las Comisiones Unidas del Senado.

En la propuesta se establece que el monto mensual de la pensión será de mil 92 pesos, y será actualizado conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor. Este monto se actualizaría cada año y su financiamiento se deberá prever –de aprobarse- en el Presupuesto de Egresos de la Federación, mediante impuestos generales a cargo del Gobierno federal.

El valor de la Pensión Universal sería inicialmente de 525 pesos mensuales, y los beneficiarios serían los afiliados al Programa “65 y Más”, así como los adultos mayores que cumplieron 65 años a partir del 2014.

Dicha propuesta ha generado cuestionamientos entre los expertos del tema, quienes advierten la falta de un calendario claro y transparente que indique cómo se incrementarán e integrarán los apoyos económicos actuales, con el valor real de la Pensión Universal.

Además, la Iniciativa original preveía en un Artículo Transitorio que las entidades federativas y el Distrito Federal suspendan sus actuales programas de apoyo a adultos mayores o pensiones alimentarias con el razonable propósito de no duplicar esfuerzos y gastos.

En contraste, el proyecto de decreto remitido por la Cámara de Diputados precisa que los programas, apoyos y pensiones alimentarias establecidos por los estados y el Distrito Federal en ese rubro, podrán continuar en los términos y condiciones que se otorgan conforme a las leyes y disposiciones emitidas con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Pensión Universal.

Sin duda alguna, la propuesta de hacer del acceso a una pensión de retiro un derecho constitucional para todos los adultos mayores fortalecería el combate a la exclusión social de este grupo de población, pero también conlleva mayores presiones sobre los contribuyentes cautivos del sistema fiscal, como son los trabajadores del sector formal de la economía. Los efectos de esa carga podría incentivar aún más el trabajo informal y la falta de cotización de los trabajadores a la seguridad social.

Por este motivo, la solución que señalan los especialistas en el tema no se agota en elegir un régimen u otro. Precisa de una solución integral, que replantee la relación del sistema de pensiones y su viabilidad con un modelo viable de desarrollo de la economía nacional, que permita una mejora real en las condiciones presentes y futuras de todos los trabajadores y sus familias en nuestro país.
* Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del Instituto Belisario Domínguez; integrante de las comisiones de Turismo, ReformaAgraria y Bicameral del Canal del Congreso.