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El Sistema de Pensiones en México. Recomendaciones de la OCDE / Daniel Ávila Ruiz

  • Daniel Ávila Ruíz

Tercera y Última Parte

Al comentar la aprobación en la Cámara de Diputados del proyecto de decreto que modifica la naturaleza jurídica del Pensionissste, en mi colaboración anterior señalé que abundaría en la discusión actual del Sistema de Pensiones en México. Cabe destacar que dicho proyecto ya fue remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentó el 15 de octubre de este año un estudio sobre los sistemas de pensiones en nuestro país. De acuerdo con el documento, el sistema de cuentas individuales de contribución definida ha sido un éxito porque aumentó la capacidad de la economía para financiar las pensiones.

A pesar de lo anterior, la Organización recomienda llevar a cabo cambios sustantivos en el sistema actual. Por ejemplo, transitar del antiguo sistema de ahorro de Beneficio Definido −en el que se requiere cubrir cierto periodo de cotización para acreditar el derecho a una pensión y el monto de la pensión es determinado por el último salario del ahorrador−, al nuevo sistema de cuentas individuales de Contribución Definida, −en el que las aportaciones se acumulan en una cuenta individual y el monto de la pensión es determinado por el número de aportaciones, monto, tiempo y frecuencia con la que se realizan, así como el rendimiento obtenido− mediante un esquema de pro-rata, en el cual los derechos adquiridos por el trabajador hasta una fecha definida, quedarían garantizados, y a partir del día siguiente, todos los individuos acumularían pensiones en el nuevo sistema.

De acuerdo con un estudio de Gabriela Ponce, del Instituto Belisario Domínguez (IBD), sobre el tema, el esquema de pro-rata afectaría a millones de trabajadores mexicanos que empezaron a cotizar antes del primero de julio de 1997, y que están acogidos al régimen de Beneficio Definido, quienes podrían acceder a pensiones de hasta 100 por ciento, pero con este esquema verían reducido su retiro entre 30 y 70 por ciento.

Asimismo, el estudio de la OCDE recomienda aumentar el nivel de cotizaciones, es decir, aumentar las cuotas que los trabajadores aportan a su fondo para el retiro. La tasa actual de contribución, de 6.5 por ciento del salario, solamente da lugar a una tasa de reemplazo de 26 por ciento, es decir, el monto de la pensión representa únicamente dicho porcentaje del último salario que estuviera ganando el trabajador al momento de pensionarse, por lo que la OCDE recomienda incrementar gradualmente la tasa de contribución obligatoria (que actualmente es de 6.5 por ciento del salario), y tal aumento ligarlo al aumento salarial.

Según algunos especialistas, el objetivo principal de estas propuestas es disminuir el costo fiscal del sistema de pensiones para el erario público, y el resultado final sería la reducción del salario real de los trabajadores al obligarlos a incrementar la cotización para el retiro, lo cual no impactaría de forma significativa el monto de la pensión que recibirían, y tampoco aseguraría un retiro digno.

A su vez, Gerardo Esquivel, coordinador de Investigación en el mismo IBD, refiere que hace unas semanas, -en la reunión 540 del Salzburg Global Seminar, en Salzburgo, Austria-, se logró un consenso en torno a que un sistema de pensiones cercano al ideal debería tener al menos tres pilares: El primero debería ser una pensión no contributiva, es decir, que no sea financiada mediante contribuciones directas a la seguridad social, sino mediante impuestos generales. El segundo, de tipo solidario intergeneracional, contendría un componente de aseguramiento social para los trabajadores en el que lo recibido estaría en función del ingreso de los contribuyentes.

El tercer pilar consta de cuentas de ahorro individuales, en que los trabajadores podrían ahorrar más, si así lo desean, a fin de disponer de dichos recursos posteriormente. No obstante, el economista advierte que se requiere una regulación muy estricta de las administradoras de fondos, a fin de que los altos costos por administración no mermen los recursos de los ahorradores.

Por todos estos argumentos y razones, los legisladores del Senado de la República estamos convencidos de que es necesario un diálogo social y político en materia pensionaria que contribuya a tomar decisiones para el futuro del país, que elimine el riego de pobreza entre los pensionados, y que garantice su funcionalidad en el largo plazo ante el envejecimiento de la población.

* Senador por Yucatán. Secretario de las comisiones de Juventud y Deporte, de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico y del Instituto Belisario Domínguez; integrante de las comisiones de Turismo, Reforma Agraria y Bicameral del Canal del Congreso.