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El uso recreativo de la jurisdicción / Dr. Eduardo Andrade Sánchez

  • Eduardo Andrade

Los beneficiarios del amparo concedido por la Suprema Corte a cuatro personas para que cultiven y procesen marihuana con objeto de consumirla con fines recreativos, han declarado públicamente que no son consumidores de ese estupefaciente ni se proponen cultivarlo y que solicitaron el amparo solo para conseguir una resolución que abra la puerta para su legalización. Esta curiosa circunstancia abre también la puerta a interesantes reflexiones.

En primer lugar cabe preguntarse si el aparato jurisdiccional puede ser válidamente empleado para reclamar una pretensión que realmente no se actualizará una vez concedida. El derecho de demandar ante los tribunales se sustenta en hacer valer una pretensión que a su vez implica la existencia de un interés por parte del demandante, pero resulta por lo menos curioso, por no decir cuestionable, que el interés no sea el que sirvió de base a la acción, sino uno distinto dirigido a incidir en las políticas públicas y no a ejercer el derecho que la sentencia les otorga. En consecuencia, habría que conceder que pronto la doctrina deberá plantearse incorporar un nuevo tipo de interés que se agregue al tradicional “interés jurídico” y al recientemente introducido “interés legítimo”, el cual bien podría denominarse “interés ficticio”.

Con base en él, un grupo de personas interesadas en abrir campo al matrimonio múltiple, poligámico o poliándrico, aunque no en contraerlo, podría acudir al registro civil para casarse bajo esta modalidad, y ante la negativa pedir amparo para conseguir que se reconozca a personas bisexuales o incluso a cualesquiera adultos, la posibilidad de constituir una familia centrada en la admisión de que una vez abandonado el antiguo paradigma de la misma y dado que el matrimonio ya no tiene que ser entre “un solo hombre y una sola mujer”, el Poder Judicial falle a su favor para casarse simultánea y múltiplemente. Una vez logrado ello (lo cual no se antoja imposible como efecto del derecho al libre desarrollo de la personalidad) los peticionarios dirían que no es su intención casarse de esa manera y solo querían abrir la posibilidad para que otros lo hagan.

Estos procedimientos llamados “litigios estratégicos” en que los promotores abiertamente aceptan, incluso previamente a que se resuelvan,  que no pretenden realizar la conducta que demandan se les autorice, parecen ubicarse en una zona limítrofe con el fraude procesal en un sentido similar al del fraude a la ley, al usar la jurisdicción para plantearle un conflicto inexistente y hacer de ella no la administradora de justicia, que es su función, sino la promotora de las políticas públicas que los activistas se proponen alcanzar.

Me pregunto si un grupo de ciudadanos preocupados por la concesión de estos amparos, podría iniciar un “litigio estratégico” demandando civilmente a los amparados a fin de que les resarzan la parte de los impuestos cubiertos por los demandantes, que fueron usados para pagar el tiempo de funcionarios administrativos y judiciales dedicado a resolver algo en lo que estrictamente los solicitantes no tenían interés. Su afán no sería recuperar unos centavos, sino por vía de amparo, llegar hasta la Corte para que ésta se pronunciara en torno a la justificación de usar dinero público para impulsar causas que, siendo legítimas, deberían hacerse valer ante otras autoridades y por otros medios, y así impulsar políticas públicas que eviten el uso de las instancias judiciales para fines que no les son propios.
eandrade@oem.com.mx