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Embrollo constitucional

  • Eduardo Andrade

Dr. Eduardo Andrade Sánchez

Las acciones de inconstitucionalidad y la controversia constitucional presentadas contra la Constitución de la Ciudad de México abren un interesante conjunto de cuestiones que atañen a la Teoría Constitucional y que a la vez habrán de producir efectos prácticos de distinta naturaleza, según sean las determinaciones que al respecto tome la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo primero que habría que reconocer es que plantear la posible inconstitucionalidad de las normas aprobadas por la Asamblea Constituyente de la capital no constituye ningún atentado contra la democracia, pues los mecanismos de control constitucional son instrumentos indispensables en todo régimen democrático.

Ha surgido también de parte de algunos constituyentes la pretensión de volver a la vida jurídica a la Asamblea de la que formaron parte para enfrentar las referidas impugnaciones. No tengo la menor duda de que harían una brillante defensa del contenido de la Constitución capitalina, pero una característica esencial de todo Poder Constituyente es su carácter temporal, se trata de un poder que se disuelve una vez concluida su tarea para dar paso a la actividad de los poderes constituidos.

No puede negarse que existe cierta lógica en pretender que el órgano autor de las normas cuestionadas argumente a favor del producto de su tarea legislativa, pero en materia de acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales la Suprema Corte ha sido y hace muy bien, extremadamente escrupulosa en cuanto a la legitimación de quienes pueden participar en ellas. La labor de control constitucional empieza por aplicar con todo rigor las normas procesales para efectuarlo. Precisamente en este rubro surge uno de los problemas más delicados.

En las acciones de inconstitucionalidad se ejerce un control abstracto sobre la norma general de que se trate, de manera que en rigor no tiene por qué haber una contraparte frente al actor legitimado para impugnar, pero la cuestión se complica tratándose de la controversia interpuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. La Constitución federal prevé la posibilidad de controversias entre “poderes” de las entidades federativas. En principio la Corte ha estimado, a mi juicio correctamente, que se trata de poderes constituidos pues aun admitiendo que la Asamblea Constituyente era titular de un poder local, la misma se extinguió al concluir la creación de la Constitución citadina.

La Corte no podría llamar a la controversia a un órgano inexistente a riesgo de violar la propia Norma Suprema, pero hacer intervenir como parte legítima a la todavía denominada Asamblea Legislativa del Distrito Federal no parece jurídicamente sostenible, puesto que esa Asamblea no emitió las normas impugnadas por el Poder Judicial, ello equivaldría a reconocer legitimación pasiva a un poder local que no ha expedido las normas cuestionadas.

La solución que parecería más congruente con el orden constitucional sería no validar esta forzada participación de la Asamblea Legislativa, al no existir las dos partes indispensables para una controversia. En todo caso, dicha Asamblea tendría que expedir las leyes que actualicen la aparición de las controvertidas figuras: el Consejo Judicial Ciudadano y el nuevo Consejo de la Judicatura, para que contra esos actos el Tribunal Superior entablara una controversia viable contra el Poder Legislativo de la capital. En su momento los Ministros de nuestro Máximo Tribunal tendrán que resolver este embrollo.
eduardoandrade1948@gmail.com