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En Cantera y Plata

  • Claudia Corichi

  • Claudia Corichi
  • Liconsa, entre la opacidad y la ineficiencia

Una de las medidas tomadas por Peña Nieto a la mitad de su mandato fue remover a Rosario Robles de la Sedesol, para llevar ahí al excanciller José Antonio Meade quien se presume es uno de los presidenciables del PRI para 2018. Hoy, después de una de las derrotas electorales más importantes del partido tricolor, y en vísperas del proceso de 2017 en el Estado de México; Liconsa, el programa de abasto social de leche emblemático de dicha Secretaría, se ha visto señalado por la ASF y por diversos productores en actos de probable corrupción que dejan en claro los graves problemas de la política social de este sexenio y su falta de rumbo.

Fue apenas en febrero pasado, que se habló por primera vez de operaciones discrecionales por parte de Liconsa en asuntos como la captación de leche, definición de precios de venta, pero sobre todo, respecto de los inventarios de leche en polvo. Dicha situación fue subrayada por la propia Auditoria Superior de la Federación como parte de las inconsistencias detectadas en el análisis de la Cuenta Pública 2014.

Respecto de la auditoría financiera y de cumplimiento en inventarios de almacenes propios y de terceros, la ASF observó que la dirección comercial no sometía a consideración del comité de producción, distribución y abasto cuáles son los límites máximos de cobertura de inventarios, por lo que se observaron discrepancias en las entradas de leche en polvo a los almacenes y las cantidades pactadas en los contratos, tema de gran relevancia pues justo este producto pudo haberse otorgado a dispendio con fines electorales.

Esta situación ha venido a agravarse y tomar mayor trascendencia toda vez que, según el documento “Notas a los Estados Financieros”, de la propia Liconsa, -presentado hace unos días por diversos productores de leche del país-, dicha institución firmó cinco contratos con cargo al Presupuesto 2016 para adquirir 24 mil toneladas de leche en polvo con un valor de 59 millones 320 mil dólares, es decir, cada tonelada a 2 mil 470 dólares, casi al 31 por ciento de sobre precio, ya que el promedio internacional es de 1880 dólares la tonelada según la métrica del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.

Dicha decisión que fue justificada cómo necesaria por el titular de Liconsa, Héctor Pablo Ramírez ante el más reciente ajuste presupuestal de la Secretaría de Hacienda, se da justo en el marco de un balance negativo para los pequeños productores de leche, que según dirigentes de algunas asociaciones, asciende a pérdidas por 27 mil millones de pesos en lo que va de la administración de Peña Nieto, lo que indicaría que han desperdiciado cerca de 350 millones de litros anuales, que no han logrado venderse aun y cuando el consumo nacional es de 15 mil millones al año. Esta situación ha hecho evidente el tamaño de las afectaciones que están provocando las erráticas decisiones en un rubro tan importante como lo es el desarrollo social.

La política de importaciones está poniendo en grave riesgo la seguridad alimentaria del país, ya que México, según el estudio Desarrollo del comercio intrarregional de alimentos y fortalecimiento de la seguridad alimentaria de América Latina y el Caribe realizado por la FAO, se encuentra en una situación de fragilidad frente al alza de los precios internacionales y caídas en el suministro alimentario, sobre todo porque las importaciones anuales de alimentos, superaron a sus exportaciones en 3 mil 363 millones de dólares y porque en 2015, nos convertimos en el primer importador de maíz de los Estado Unidos.

Lamentablemente la política social de este sexenio brillará por sus malos manejos, y su falta de estrategia, sobre todo porque ante las cifras, es complejo “ocultar” que la pobreza ha llegado a 2 millones más de mexicanos y mexicanas, y a los casi 30 millones de mexicanos que viven en pobreza alimentaria, por los que el Gobierno federal ha hecho todo lo posible por hundirles en la miseria.

Es urgente revertir esta situación, y velar por que se impulse la pequeña agroindustria, pero para ello es necesario terminar con la trampa de esta administración, y hacer que los programas de desarrollo social financiados con dinero público, dejen de destinarse a atender intereses y procesos electorales, y se destinen mejorar la calidad de vida de las personas y sacarles de la pobreza.