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En Cantera y Plata

  • Claudia Corichi

  • Claudia S. Corichi García
  • Las voces de las mujeres torturadas en México

La tortura sexual en México ha destruido la vida de cientos de mujeres y familias. Los testimonios de quienes han sobrevivido a la muerte, rompen el silencio llevándonos del coraje a la impotencia. Estas mujeres presas –en muchos casos de manera injusta-, han sido vejadas o violadas por Fuerzas de Seguridad Pública, por aquellos quienes se suponen son los encargados de protegernos. Se trata de una más de las graves caras de esta inaceptable crisis de derechos humanos en la que vivimos inmersos día a día.

Un estudio del Open Society Institute y el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), estima que 42 por ciento de las personas presas en alguna cárcel en México, “son legalmente inocentes” porque no han sido condenadas. Esta cifra, para el caso de las  mujeres, representaría cerca de 5 mil de ellas en prisión preventiva. Esta modalidad de encarcelamiento, además, cuesta según la investigación de Guillermo Zepeda, cerca de 9 mil 750 millones de pesos anuales, es decir, lo equivalente al 62 por ciento del presupuesto federal destinado a Seguridad Pública. En ello el poder Judicial tiene sin duda su parte responsable.

La problemática es más grande de lo que parece, pues la política contra el narcotráfico que impera en México desde hace casi una década ha aumentado en 170 por ciento el número de mujeres detenidas que tienen un papel menor en estos delitos. Se trata de mujeres que lamentablemente “han estado en el lugar equivocado, en el momento equivocado”, con las personas inadecuadas, quienes son las que les han involucrado en procesos delictivos de los que muchas veces no son conscientes. Detrás dejan, el 90 por ciento de ellas, a sus hijos, mientras que el 70 por ciento reportan haber sido agredidas físicamente; sin embargo, hay otras más que al igual que los hombres forman parte de las redes criminales, y aun en ellas no es justificable la tortura.

Lo delicado es que de las mujeres presas, 7 de cada 10 han vivido en carne propia la tortura sexual, mujeres que han sido violentadas en la intimidad en su contacto con las autoridades que les han procesado, por lo que resulta urgente señalar que a un año de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) adquiriera ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el compromiso de establecer el Mecanismo de Seguimiento de Casos de Tortura Sexual cometida contra Mujeres, no existe ni un solo caso que haya sido atendido por dicha instancia.

Sin embargo, muchas de estas mujeres se encuentran presas a partir de confesiones obtenidas mediante tortura sexual, lo que agrava la situación. Casos como el Verónica Razo, documentado en el informe “Sobrevivir a la muerte, tortura de mujeres por Policías y Fuerzas Armadas en México” de Amnistía Internacional, y que fuera presentado el día de ayer en la Cámara de Diputados, reflejan la complejidad de esta problemática y las dificultades para comprobar la tortura frente a las autoridades y lo desgarrador que es cada caso para sus familias pero también para la sociedad mexicana. No se trata de casos aislados, el informe muestra esa “cultura de encubrimiento” que se da por parte de los Ministerios Públicos, médicos y cuerpos policíacos.

Alegar tortura en México es un recurso procesal –valga la penosa ironía- “tortuoso”, sobre todo porque ningún juez se atreve a pronunciarse sin un dictamen del Protocolo de Estambul, esto a pesar de que México fue el primer país en el mundo en contar con proceso de contextualización de dicho instrumento mediante el Acuerdo del procurador General de la República A/057/03 que vuelve obligatoria la aplicación del Dictamen Médico/Psicológico en el ámbito federal, hasta la fecha, sobre todo en los casos en violencia sexual contra mujeres, ha sido casi imposible conseguir un laudo al respecto.

Es urgente que la Secretaría de Gobernación, y su titular el secretario Osorio Chong, hagan operativo de inmediato el Mecanismo de Seguimiento al que se comprometieron ante la CIDH, sobre todo porque esta entidad ni siquiera se ha pronunciado sobre los casos que tiene en revisión. La Conavim y la Segob están obligadas a mostrar un verdadero compromiso en la erradicación de esta terrible práctica, a la vez que habrá que revisar si la primera cuenta con los “dientes” suficientes y la fuerza institucional al interior del Gobierno, para dar resultados.

La violencia sistémica contra las mujeres tiene graves expresiones desde la discriminación, la tortura sexual, hasta los terribles feminicidios. NO podemos permitir que en México sean las mujeres botín de guerra, que sean cosificadas y reducidas a su mínima expresión humana. La tortura refleja uno de los graves pendientes en materia de derechos humanos en nuestro país. La ley debe aprobarse ya ante los brutales datos que nos llaman a la acción, por lo que debemos de dejar de ser espectadores silenciosos de estos delitos.