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En cantera y plata

  • Claudia Corichi

La importancia del período extraordinario antes del cinco de junio

Mucho se ha hablado de la posición de algunos partidos respecto de la fecha en que tendríamos que sesionar de manera extraordinaria en el Congreso mexicano, sin embargo, poco se habla de la importancia de votar las reformas pendientes antes de las elecciones del cinco de junio, y del peso político que tendría en las urnas para el PRI el negarse a combatir uno de los principales cánceres de México: la corrupción.

El 27 de mayo de 2015, fue promulgada la reforma constitucional que crea el Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que será la próxima semana cuando se cumpla el plazo legal de un año por el que el Poder Legislativo tendría que aprobar las leyes secundarias. Los dictámenes que podrían discutirse en el extraordinario, son las leyes General de Responsabilidades Administrativas, General del Sistema Nacional Anticorrupción, Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, y reformas a la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y al Código Penal entre las más importantes.

Sin embargo, la posición del PRI y del Partido Verde ha sido clara en las últimas sesiones de la Comisión Permanente. Saben que de votarse las leyes anticorrupción antes del proceso electoral, el riesgo político podría ser mayor, no solo porque ambos partidos están decididos a omitir de estas nuevas normas jurídicas, cuestiones como el “3de3”, sino porque sus votos sobre estas leyes se convertirían en una arma discursiva en su contra, capitalizada por la oposición para atacarles, y para apropiarse de algunos temas.

Ya sea que se aprueben o no estas leyes antes del 28 de mayo, son hasta ahora material para sus adversarios en las urnas. La negativa a sentarse a discutir dichas leyes es ya objeto de ataques, y con justa razón, pues pretenden diluir en la retórica electoral, el sentido de su voto para combatir la corrupción de la cual son principales protagonistas con casos emblemáticos como el de los dos Duarte, o el aún pendiente de Moreira y otros más.

Más allá del aplazamiento del período extraordinario, con esto se ha puesto al descubierto que las elecciones del cinco de junio están cambiando el desarrollo de la arena política. En el PAN, por ejemplo, pretenden otorgar mayores facultades a la Secretaría de la Función Pública, entidad que hasta ahora brilla por su ineficiencia, por su falta de seriedad y profesionalismo, tanto en su labor de vigilancia con otras entidades, como en su propio trabajo, del que destacan múltiples señalamientos de excesos o incluso el encubrimiento de la “casa blanca”.

Es quizás justo esa desatención en propuestas concretas la que ha alejado la discusión del terreno electoral, esto ha venido de la mano del trabajo del PRI y del PVEM en Comisiones, quienes se han opuesto a trabajar desde el cierre del período pasado, con acciones tan concretas como evitar el quórum en algunas reuniones ordinarias, lo que llevó al escenario con el que hoy el mismo partido tricolor se justifica para evitar el periodo extraordinario antes del cinco de junio, la ausencia de dictámenes.

No solo la falta del trabajo en Comisiones fue lo que detuvo la discusión de las siete leyes secundarias pendientes en la materia, sino un PRI y sus aliados, que a todas luces llevaron el debate fuera del período ordinario.

La apuesta por una sociedad desinformada que hace el GPPRI indica que de haber un período extraordinario ya no sería para resolver estos temas –o al menos no crucialmente- que hasta ahora hacen inoperante al Sistema Anticorrupción.

Queda en el aire el sentido del voto de los priístas respecto de lo que se supone será el primer paso real y coordinado, atacar frontalmente la corrupción que tanto mal hace a este país. No es un asunto solo de recomendaciones internacionales como la que el pasado abril la OCDE hizo, urgiendo a combatir con toda la fuerza de las instituciones para la corrupción, sino un reclamo ciudadano, que está llevando hasta el hartazgo a la sociedad y poniendo en grave tela de juicio al de por sí ya desgastado entramado institucional.

Seguir haciendo decenas de leyes importantes pero sin dientes ni tentáculos, ya sea por falta de normatividad secundaria o por dilación de los procesos, es una suerte de trampa jurídica que solo nos lleva a la simulación en el combate de los males de México, a los que parece no les administramos el tratamiento necesario, solo los diagnosticamos.