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En Cantera y Plata

  • Claudia Corichi

  • Claudia Corichi
  • El robo a la primera infancia

En repetidas ocasiones escuchamos que nuestros niños son el futuro del país, esa retórica es común en los discursos políticos, sin embargo la realidad es otra. Hace poco más de dos años cuando me convertí por primera vez y por decisión propia en madre, dimensioné de manera más personal la importancia de brindarles lo mejor a nuestros niños y niñas y por ello me preocupa la falta de sensibilidad en un tema que debería ser prioritario. México es el país de la OCDE con la menor inversión en la primera infancia, situación que se agravará con los recortes que el Ejecutivo ha propuesto para 2017.

Datos de la Organización Mundial de la Salud, señalan que la primera infancia es la etapa comprendida entre los cero y los ocho años en la que se consideran clave los procesos y contextos que definen el desarrollo de las capacidades físicas, cognitivas y afectivas, siendo éstas determinantes para la salud, el aprendizaje, la sociabilidad, la productividad etc. Diversos estudios han demostrado que invertir en los primeros años de la vida, genera un altísimo retorno social, que se traduce en mejores resultados en educación, salud, autocuidado, sociabilidad, productividad y menor actividad criminal a lo largo de toda la vida, situaciones que impactan incluso en términos monetarios a los países.

En México según información del INEGI, existen cerca de 13 millones de niños y niñas en primera infancia, hablamos de poco más del 10 por ciento de la población del país. Pero las estadísticas de la cruda realidad deberían alertarnos. De ellos 38 por ciento tiene anemia, 18 por ciento carecen de registro de nacimiento, 16 por ciento vive en condiciones de hacinamiento, 56 por ciento vive en pobreza, y cada dos días muere uno de dos niños o niñas por homicidio o maltrato.

En repetidas ocasiones desde 2012, UNICEF-México y organizaciones como “Un Kilo de Ayuda” y otras más, han reiterado su inmensa preocupación por las constantes intenciones de reducir el presupuesto a programas y políticas públicas que en los hechos inciden en las realidades de estos infantes, a los que cada vez más el Gobierno les está cerrando las oportunidades de desarrollarse libremente.

Hasta el momento Coneval no está produciendo mayores estadísticas e información sobre esta problemática, lo que ha contribuido a invisibilizar la situación y las consecuencias de esta problemática para el país; ni qué decir de la falta de datos en la PGR sobre los delitos cometidos contra menores, quienes muchas veces son afectados de por vida –sobre todo en casos de abusos sexuales-, mientras que su agresores son beneficiados con la prescripción de delitos, misma que he insistido a través de iniciativas, debe extinguirse del Código Penal.

Se necesitan poco más de mil millones de pesos en el presupuesto de 2017, para cubrir las necesidades básicas que demanda la primera infancia en nuestro país, sin embargo, la propuesta del Ejecutivo pretende cortar -como en años anteriores- con programas como el de Fortalecimiento a la educación temprana y desarrollo infantil, o el de Prevención y control de Enfermedades, lo que impactaría a millones de niños y niñas si se materializa so pretexto de los recortes al gasto público.

La semana pasada apenas, UNICEF México, acompañada de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) y el Sistema Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes (Sipinna) recalcaron esta preocupación que incluso ha sido rescatada por muchas organizaciones civiles, pues dejar de invertir en nuestros niños y niñas más pequeñas es condenarles al fracaso, a la enfermedad, a la ignorancia, al abuso.

El Ejecutivo tiene la obligación de cumplir con los compromisos internacionales del país, de garantizar la vida digna de estos infantes, y de brindarles una oportunidad de alcanzar el éxito. En cada niño de la calle, en cada infante indígena en pobreza extrema, México tiene una gran inversión. Bien podríamos terminar con estas deficiencias, acabando con los ofensivos presupuestos en comunicación del Gobierno federal que superan los dos mil millones de pesos anuales, o los otros casi tres mil millones que se diluyen en privilegios, como las prestaciones laborales especiales a altos funcionarios federales de los que goza la administración actual.