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En Cantera y Plata

  • Claudia Corichi

  • Claudia S Corichi
  • La opacidad detrás de los seguros de gastos médicos privados para altos funcionarios

Cuando comencé el año pasado con la investigación sobre los seguros de gastos médicos mayores que gozan gran parte de los funcionarios de alto nivel en nuestro país, jamás imaginé el sinnúmero de obstáculos y resistencias que hallaría en mi paso para obtener de diversas Secretarías de Estado, e incluso organismos autónomos la información necesaria para armar el rompecabezas. La batalla y oídos sordos por eliminar estos privilegios ha enfrentado grandes resistencias desde diversos frentes, pues estos seguros son prestaciones ilegales, toda vez que representan en mi opinión, una duplicidad de beneficios para los servidores públicos que ya cuentan con ISSSTE.

Actualmente en la Administración Pública Federal, laboran poco más de 4 millones de personas, de las cuales 1.6 millones lo hacen en las 294 dependencias que tiene el Gobierno federal, mientras que el resto están adscritos a 39 mil 896 instituciones de los gobiernos estatales y municipales. De todas estas personas que cuentan con ISSSTE, existe un 20 por ciento privilegiado que además goza de un seguro de gastos médicos mayores, lo que representa un gasto duplicado para la federación.

De las 178 entidades que se ven beneficiadas con estas pólizas, menos del 10 por ciento cuenta con datos disponibles respecto de estas prestaciones en sus portales de transparencia, por lo que son poco más de 321 mil empleados federales los que gozan de estos beneficios en completa opacidad. Incluso, la Secretaría de la Función Pública, quien se supone debe velar por el principio de máxima publicidad en lo que respecta al plano federal, carece de estos datos.

Sin embargo, esta cultura de opacidad no es exclusiva del Ejecutivo, permea por igual al Judicial y al Legislativo, pues hasta ahora carecemos de datos que nos den a ciencia cierta, cuenta sobre la magnitud de esta práctica burocrática de la que hay constancia de su existencia a través de las partidas presupuestales asignadas año con año al pago de estos contratos de salud privados.

La historia se repite en los organismos autónomos, y de la peor forma. El INEGI, la Cofece, el Ifetel, e incluso el Coneval carecen de información disponible sobre estos privilegios, lo que redunda en la opacidad del gasto público, pero incluso en una terrible falta de congruencia como sucede en órganos como la ASF o el INAI.

Es preocupante en extremo el caso del INAI, pues siendo una institución encargada de vigilar la rendición de cuentas, y por ende con un mayor margen de exigencia, no tiene publicada información alguna sobre estos privilegios que gozan muchos de sus empleados a cuestas de los impuestos de la gente. Esta situación debería ser un indicador de confianza pues su comisionada presidenta Ximena Puente de la Mora, con aspiraciones – y se comenta con el respaldo del oficialismo- a convertirse en la próxima Fiscal Especializada en materia de Delitos relacionados con hechos de Corrupción de la PGR.

Detrás de estos gastos generales que implican miles de millones, no sólo está la falta de claridad respecto de sus beneficiarios y alcances, sino incluso respecto de sus formas de asignación o licitación. De la única que se tiene parcialmente información, es de la licitación pública que dio pie al contrato bianual del seguro colectivo de gastos médicos que firmó la Secretaría de Hacienda con la Aseguradora Metlife por 2 mil 196 millones de pesos.

Al momento, son poco más de 26 dependencias del Gobierno Federal, las que no han respondido las solicitudes de información que hemos realizado, por lo que el retrato de esta injusticia será mucho más grave y escandaloso de lo que ya es ahora.

Esta semana que conmemoramos el Día Internacional de la lucha contra el SIDA, debo señalar que el recorte presupuestal en salud del PEF 2017 pinta para colapsar la atención a esta enfermedad, pues se ha puesto en riesgo la viabilidad financiera y subsistencia pues se eliminaron poco más de 6 mil millones al fondo que cubre este padecimiento.

No nos oponemos a que quien decida pagar de su bolsillo un seguro de este tipo lo haga, muchos funcionarios cuentan con buenos sueldos para hacer frente a una obligación de este tipo, sin embargo, es urgente que la gente deje de pagar por estos privilegios de las y los funcionarios. Ese dinero, bien podría destinarse a la mejora de los servicios públicos de salud, a reducir la brecha de personas que carecen de acceso a una consulta médica. Debemos luchar por una salud sin privilegios, una salud pública en la que quepamos todos y todas.