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En Cantera y Plata

  • Claudia Corichi

  • En defensa de los defensores
  • Claudia S. Corichi

La semana pasada se cumplió un año del brutal y cobarde asesinato de Berta Cáceres, inigualable defensora del medio ambiente y los derechos humanos. El homicidio de la ecologista hondureña es apenas punta de lanza de la ya permanente persecución que sufren cientos de activistas en todo el mundo. En México, la defensa por el medio ambiente es criminalizada bajo una doble arista, el ser indígena -en la mayoría de los casos- y el luchar en contra de los grandes intereses de las transnacionales, generalmente en colusión con autoridades de Gobierno.

Según el Servicio Internacional para los Derechos Humanos (ISHR), a través de información obtenida bajo consultas regionales con 73 personas defensoras de derechos humanos de 21 países de Latinoamérica, se confirma que ha sido una práctica generalizada la intimidación, la amenaza, el agravio y la criminalización contra cientos de activistas principalmente en Honduras, Brasil, Perú y México. Global Witness, por su parte, ha documentado hasta 185 asesinatos en 16 países, lo que representa un aumento del 60 por ciento en los últimos dos años.

La conclusión de ambos informes es increíblemente preocupante, pues las y los defensores del medio ambiente están siendo asesinados a un alarmante ritmo de más de tres por semana, tratándose en el 48 por ciento de los casos en agravios contra pueblos indígenas.

En su discurso de agradecimiento al Premio Goldman de Medio Ambiente en 2015, Berta Cáceres habló sobre las amenazas de muerte y los intentos de secuestro que había sufrido debido a su oposición a la presa de Agua Zarca, en Honduras, menos de un año después de ello fue asesinada. En México, por ejemplo, la historia de Ildefonso Zamora, defensor indígena ambientalista liberado en agosto del año pasado, da cuenta de los numerosos intentos de intimidación que sufrió en su lucha por proteger los bosques mexicanos, y cómo le fue arrebatada la vida de su hijo hace ya casi 10 años por haberse enfrentado a las “autoridades” del Estado de México cuando Peña Nieto era gobernador.

La narración se repite con el caso de la detención de José Ramón y Pascual, en Atla, Puebla, a inicios de 2010, donde se les acusó como probables responsables del delito de robo calificado de un vehículo, medida por la que se ha señalado por diversas organizaciones civiles que se buscó terminar con su labor por garantizar el derecho al agua su comunidad indígena.

El número creciente de asesinatos de defensores del medio ambiente es sintomático de una tendencia generalizada en muchos países que consiste en debilitar los derechos humanos fundamentales y reprimir a la sociedad civil, y que ha tenido un terrible auge en países con bajo nivel de democratización y en donde existe una violencia sistemática contra las y los activistas.

En México, la amenaza de la criminalización de los defensores es una estrategia y se ha convertido en una brutal herramienta que se usa cotidianamente para silenciar a quienes valientemente alzan la voz contra los grandes intereses, y contra los negocios de unos cuantos. A los ojos de las autoridades internacionales, el Gobierno mexicano ha quedado como cómplice de estos actos y de violaciones permanentes a derechos humanos. De este lado necesitamos que más voces se sumen no solo al cuidado del medio ambiente, sino a la defensa de quienes tienen el valor de decirle en su cara a las grandes transnacionales que los recursos naturales y el medio ambiente son propiedad del pueblo.