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En Cantera y Plata

  • Claudia Corichi

Pensiones, el dilema de México

Entre bomba de tiempo y colapso financiero ha sido calificado el futuro de México en razón del impacto que tendrán las pensiones en nuestras finanzas públicas los próximos años. Nuestro país desaprovecha su bono demográfico entre el imperante empleo informal, la precarización del trabajo formal y un salario mínimo obstaculizado por recetas que desde el FMI, son seguidas firmemente por los tecnócratas en el Gobierno.

De acuerdo con las proyecciones del Consejo Nacional de Población (Conapo), se estima que para el 2025, serán poco más de 11.7 millones de personas las que requerirán de una pensión, tres millones más que ahora. Se trata de un cambio en la pirámide poblacional que pone a temblar a muchos, pero que a la vez ha habilitado el discurso de quienes desean desmantelar el de por sí ya mermado sistema de pensiones.

Las soluciones para darle oxígeno al actual sistema de jubilación pecan de incongruencias. Por un lado, su alta fragmentación reporta hasta 104 programas de beneficio definido (en el que el trabajador no ahorra para su retiro), de los que destacan el de CFE y Pemex, y los de la mayoría de los gobiernos y universidades estatales. Por el otro, el que abarca la mayoría de los trabajadores formales, el del IMSS y el ISSSTE, que en 1997 y 2010 respectivamente pasaron de un esquema de aportaciones colectivas, a uno conformado por cuentas individuales, en el que cada quien es responsable de su jubilación, y que hoy a través de las Afores no ha arrojado ningún resultado prometedor.

El estudio “Estimación de las futuras obligaciones de pensiones del Estado mexicano” publicado por el Centro Internacional para la Investigación en Pensiones, subraya que las responsabilidades a pagar seguirán creciendo, y que en 2012 -su fecha de corte- lo que el Gobierno dedicaba a pagar pensiones equivalía a dos por ciento del PIB; pero para 2035 será casi del seis por ciento.

El más reciente informe de la OCDE revela que México es quien menos gasta en proporción de su PIB al pago de pensiones, con hoy apenas el 2.5 por ciento del PIB; mientras que países como Francia canalizan hasta el 32 por ciento. Esta tendencia se ve por igual reflejada en el gasto social, que equivale apenas al ocho por ciento del PIB, lo que nos sitúa como la proporción más baja del organismo internacional.

A pesar de esto, en la última década se ha duplicado dinero del erario para ese fin; y hoy triplica presupuesto de la SEP, con 720 mil 128 millones. Lo más grave, sin embargo, es que este esquema no tiene ni pies ni cabeza, pues deja sin protección social al 50 por ciento de la población en edad de retiro.

En los hechos, es una flagrante violación a los Derechos Humanos de los adultos mayores, que solo en casos como el de la Ciudad de México, son apoyados sistemáticamente a través de programas que, si bien hay quienes las atienden, no resuelven de fondo la insolvencia para atender a una población que ha dado su vida por el desarrollo del país.

Vivimos entre el miedo al colapso financiero, la privatización de los ahorros de la gente y el ser una nación que se mantiene al margen de sus inversiones sociales. La SCJN determinó que el límite de 10 salarios mínimos, como máximo por pensión de jubilación y viudez, vulnera el derecho constitucional a la seguridad social. Sin embargo, hasta que las autoridades no atiendan estratégicamente este problema y saquen las manos de privados de los ahorros de la gente, podremos vislumbrar soluciones viables para un tema lleno de incongruencias, que hoy deja a la mitad de los adultos mayores profundamente pauperizados.
Senadora por Movimiento Ciudadano