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En Cantera y Plata

  • Claudia Corichi

  • Claudia Corichi García
  • México y su precario empleo

Hace unos meses desde este espacio, comentaba cómo las mediciones sobre la calidad de vida están transitando hacia terrenos cualitativos como el bienestar percibido. El reciente informe de la OCDE sobre el balance “Vida-Trabajo” que agrupa a 38 de las economías más industrializadas del mundo, señala nuevamente que “México es el país con mayor número de horas laboradas y con el menor ingreso promedio”. La situación es grave por donde se vea, no solo es la pobreza económica que este esquema reproduce, sino es la misma pobreza en términos de la falta de tiempo de la gente, así como de la valoración que hacen al definir si se suman al empleo formal, u optan por buscar otras fuentes ingresos más flexibles pero en muchas ocasiones ilícitas.

Peña Nieto detallaba hace unos días que en su administración se han generado poco más de 2 millones de empleos formales, sin embargo, lo cierto es que el empleo informal -predominante en el país- equivale a poco más de los 29.3 millones de personas, es decir, que 6 de cada diez personas trabajan sin ningún tipo de seguridad social, de acuerdo con registros del propio INEGI, por lo que pese a la relativamente baja tasa de desempleo (del 5.2 por ciento), la informalidad, y el crecimiento de empleos precarios dan cuenta de una realidad laboral más preocupante.

Esta situación debería ser evaluada en razón de la Reforma Laboral que al inicio de este sexenio promovió el Ejecutivo –otra de sus cantadas Reformas Estructurales-, pues la flexibilización de las contrataciones lejos de generar beneficios, generó un clima de inestabilidad, sobre todo porque ahora se ha vuelto práctica común de muchos empleadores, expedir continuamente contratos a sus trabajadores con la finalidad de no generar vínculos más fuertes con éstos, e incluso en el peor de los casos para evadir obligaciones como el pago de utilidades, o prestaciones.

Destaca igualmente que al cierre del primer trimestre del 2016, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Michoacán, concentran el 70 por ciento del total nacional de la población informal según cifras  de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), y que por ejemplo el aumento en de la precariedad en los empleos formales haya aumentado hasta en un 15 por ciento el último año, según el propio INEGI que mide esta condición en razón de los trabajos en los que se tiene que trabajar más de 35 horas mensuales para ganar menos que un salario mínimo.

La imagen del problema se amplía con esta nueva información, pues apenas el mes pasado un informe publicado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señalaba que seis de cada diez mexicanos sufre de “pobreza de tiempo”, aunado a que el ingreso de cuatro de cada diez ciudadanos no basta para salir de la pobreza.

La pobreza de tiempo no solo afecta la calidad de vida, sino que tiene impactos económicos considerables. Hace apenas un año, INEGI subrayaba a través de un estudio que el 56.4 por ciento de los mexicanos no realiza actividades físicas ni deportivas, siendo la principal razón la falta de tiempo, lo que incide directamente en el aumento de enfermedades como la obesidad, la diabetes –y sus complicaciones- así como otras cardiovasculares, que ya son las principales causas de muerte natural en nuestro país. A la par de esto, la falta de tiempo de los mexicanos se agrava en las ciudades, donde la duración de los traslados se traduce no solo en un déficit de horas sino en contaminación, que como hemos visto en las últimas semanas ha paralizado a la Ciudad de México.

A nivel nacional no hay una política clara ni contundente contra este problema, sin embargo destacan las medidas que se han tomado en la Ciudad de México, donde con plena coordinación de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, se han creado esquemas de horarios flexibles en los que los trabajadores de esta administración salen a las 3 p.m. como máximo los viernes, y en donde aprovechando lo dispuesto en el artículo 311 de la Ley Federal del Trabajo, se ha promovido que al menos ya 100 empleados laboren mediante la modalidad de home office, muy común en algunas empresas.

Es inadmisible que al día de hoy siga existiendo una Comisión Nacional de Salarios Mínimos, cuando la ASF ya ha señalado que no existe una metodología para determinar el salario, lo que sin duda afecta el combate a la pobreza. Es urgente revertir esta situación en la que todos perdemos. No podemos anunciar “con bombo y platillo” el aumento de “empleos”, mientras se lleva a la miseria a millones de personas con éstos.