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Envejecemos

  • Catalina Noriega

Lo dicen las estadísticas, lo ves en las calles y parece que las políticas públicas se quedaron muy cortas. El descenso en el índice de nacimientos y los años en que se alarga la vida, plantean un problema severo, para hombres y mujeres que carecen de un patrimonio sustantivo.

Hasta hace un par de décadas, lo común y corriente era que los padres desaparecieran del mapa, a los 60 y, los muy longevos, podían acercarse a los 70. En la actualidad no extraña ver a personas de 100 o más y se vuelve común la preocupación sobre el cómo atenderlos, sobre todo de la clase media para abajo.

Hay una gran insuficiencia de lo que antes se conocía como asilos y ahora se les llama casa hogar. Incluso, si se cuenta con los medios económicos para pagar una de estas residencias, las listas de espera son largas y a ver si se corre con la suerte de conseguir un lugar.

Estas habitaciones se vuelven un buen negocio. Su costo es inalcanzable para quien no cuenta con un capital. Se exige una cantidad de muchos ceros, a manera de depósito para el ingreso y las mensualidades representan desembolsos de mínimo 25 mil pesos. Las exigencias suelen ser altas: que el adulto mayor esté sano y que pueda valerse por sí mismo, entre otras.

La vida actual empuja a las personas de la tercera edad, a este tipo de instituciones. En otras épocas los hijos se ocupaban de sus viejos, sin ponerlo en duda y aunque la calidad de los cuidados fuera precaria, había la conciencia de que, “Ellos me cuidaron, ahora voy a restituírselos”.

La vorágine de la época y los problemas económicos –además de la pérdida de valores y el egoísmo generalizado-, obligan a que la familia entera trabaje y busque deshacerse de lo que ya no ven como una obligación.

Por otra parte, costear una enfermera es caro y el anciano tendría que quedarse solo durante el día. Si hay una enfermedad crónica, una demencia senil, o un Alzheimer, imposible proporcionarle la atención requerida.

En cuanto al cuidado de un adulto mayor, las opiniones se dividen y un 30 por ciento considera que la responsabilidad es de la familia. Otro 30 por ciento piensa que es del Estado y un 11 por ciento, que de ellos mismos.

La cifra escala a velocidad y si en el 2015 un 7.2 por ciento de la población era de más de 60 años, ahora se habla de un 9% y habrá que esperar al próximo censo para hacer una cuantificación exacta.

La Ciudad de México instauró la pensión para la tercera edad. La cantidad de mil y tantos pesos para poco alcanza –aunque peor sería nada-. Es en esta capital en la que se concentra el número más alto, de los que viven solos.

Hasta que se estableció el Inapam (Instituto Nacional de las Personas Adultas), era el DIF el encargado de su protección. Ha habido avances y el Inapam, además de proveer con la tarjeta que representa descuentos, ofrece la posibilidad de asistir a clubes sociales, a grupos de autoayuda y cuenta con casas hogar, aunque en un número reducido.

La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores establece “que deberán tener acceso a una casa hogar, albergue u otras alternativas de atención integral, si se encuentran en situación de riesgo o de desamparo”.

Solo un uno por ciento está en instituciones y se presume que del resto, la familia se hace cargo. Muchos de ellos son sujetos de maltrato, golpes, situación que toleran y que ni siquiera denuncian, por el miedo a que los echen a la calle.

El problema crece e irá a peor en los próximos años. Sin la debida planeación, el Estado dejará que sean sus sucesores, a los que les explote en las manos.
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