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Equidad para los independientes / José Roberto Ruiz Saldaña

  • José Roberto Ruíz Saldaña

El pasado proceso electoral de 2015 arrojó diversos retos jurídicos con motivo de la implementación de la figura de las candidaturas independientes. Un dilema que se presentó, de la mayor relevancia, fue si el principio consagrado constitucionalmente de la prevalencia de los recursos públicos sobre los privados aplicaba únicamente para los partidos políticos o también para los candidatos independientes, es decir, la cuestión a resolver era si estos últimos podían recabar financiamiento privado, mayor al recibido públicamente, a fin de emparejarse con los partidos políticos.

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió la problemática y, para sorpresa de muchos, sostuvo que el financiamiento privado sí puede ser mayor al público en las candidaturas independientes. Así, aseveró que “los derechos políticos deben entenderse como oportunidades reales y efectivas de acceder a los cargos por los cuales se participa en una contienda electoral”. A propósito de un candidato independiente de la Ciudad de México, la Sala Superior del Tribunal consideró que “resultaría extremadamente perjudicial para el derecho de las personas que aspiren a una candidatura independiente que, por una parte, les sean negados los derechos y prerrogativas de los partidos políticos por considerar que pertenecen a una categoría jurídica distinta y no equiparable, mientras que, por otra, sí les son aplicables las limitaciones constitucionales y legales desarrolladas para dichas agrupaciones”.

La Sala Regional Monterrey de ese Tribunal, en congruencia con lo anterior, sostuvo que “el interés de la sociedad de evitar la intromisión de intereses ilegítimos o ilegales en los partidos políticos, también resulta aplicable para los candidatos independientes, pero la vía para limitar este tipo de intromisiones no debe darse a través de la limitación de derechos o propiciando condiciones de inequidad”.

Se puede afirmar que el criterio del Tribunal, consistente en que el principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado es aplicable única y exclusivamente a los partidos políticos, ha sido reiterado. El problema, sin embargo, es que no es jurisprudencia, no es suficientemente obligatorio, por lo que puede haber tentaciones de los organismos públicos locales electorales por no aplicarlo en los actuales procesos electorales en trece entidades federativas. Lamentablemente, incluso en el INE no hay ánimos de acoger el mencionado criterio del Tribunal Electoral para la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México.

Espero que en 2016 se consolide el referido criterio a fin que los candidatos independientes cuenten con igualdad de oportunidades de éxito, partiendo de un equilibrio en su financiamiento, pues el derecho a ser votado conlleva la oportunidad real de acceder al cargo. Corresponderá a ellos reivindicar sus derechos y a la cultura jurídica progresista promoverlos y protegerlos.

Consejero electoral del INE

@Jose_Roberto77

joseroberto.ruiz@ine.mx