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Espionaje telefónico

  • Ramón Ojeda Mestre

Ramón Ojeda Mestre

En el gravísimo delito contra los más esenciales derechos humanos, que es la invasión de la privacidad manifestada a través de la intercepción telefónica, hay que hacer de entrada una distinción: la conculcación privada y la pública.

Esto es, la que hacen el Gobierno o el aparato público a través de sus personeros directamente o contratados externos y otra la que realizan los particulares entre sí o la iniciativa privada al Gobierno. Los partidos políticos, por tratarse de entidades de interés público según la Constitución (horror, más no error) que son espiados por particulares o por autoridades, debe entenderse como un espionaje público, pero cuando se escudriña ilícitamente a sindicatos, a ONGs, o a religiosas y asociaciones empresariales, es también una franca violación a los derechos humanos.

Es asquerosamente frecuente que los empresarios dediquen parte del presupuesto de la empresa a espiar a empleados, a directivos o a competidoras. Sin embargo, el Gobierno “se hace de la vista gorda” y los deja que operen a sus anchas en tan fétido asunto. Cuando el espionaje es gubernamental hacia los particulares, el asunto es peor, pues es más grave que quien te tiene que defender sea quien te ataque.

En estos últimos 20 años, solo hemos visto que caiga a la cárcel un equipo de interceptores o de espías telefónicos y eso por unas horas o unos pocos días, pues es obvia la colusión que existe entre las cáfilas que se dedican a esos sucios menesteres y los entramados gubernamentales ocupados legal e ilegalmente en esas miasmas.

El peor enemigo de la democracia es el atentado contra las libertades. Dicho más claramente, “sin libertad no hay democracia”, pero eso nos lo enseñan la historia o la escuela y también resulta palmario que nuestros “gobernantes” no son “amicus scholae” ni “amicus bibliae”, ni “amicus curiae” sino solo “amici pecuniae”.

Los seres más ruines, son los que espían a otros para interferir en su intimidad o en su privacidad, en sus asuntos o familia, para utilizar esa información en sus abyectos proyectos o intereses, sean políticos o de negocios e incluso para sus torcidas pasiones, si se permite la expresión.

No es casual que los Congresos legislativos, federal y estatales, los Cabildos o la Suprema Corte no intervengan, ni levanten la pestaña pintadita o la cejita depilada como ahora se acostumbra, para pedir que se informe a las representaciones populares todas esas trapacerías cotidianas que cometen los personeros oficiales o los mercenarios privados en las intervenciones telefónicas, por la simple y sencilla razón de que a la mayoría también la tienen agarrada de los huecos oscuros de su etología privada.

Ayer publicaron, el “Washington Post” y el “NYT” en primera plana, el mensaje que mandó Donald Trump al Gobierno de Obama acusándolo de espionaje telefónico y que fue, no para defender al derecho y a la justicia o su merecida privacidad y libertades, sino para mandarle “un estate quieto” político, pues ahora que tiene las llaves o combinaciones de la caja fuerte y a los espías en su nómina, pues ya expelieron la Maruchán de lo que hacía nuestro oscurito Presidente anterior en las intercepciones electrónicas. “But of course!”

Este “Ámbito de la vida privada que se tiene derecho a proteger de cualquier intromisión” según la RAE, (sic.), utilizando el término definido en la definición, es el que ha sido una de las fuentes primigenias de la escandalosa corrupción en México.

https://pendientedemigracion.ucm.es/info/especulo/numero21/privaci.html  Ahí se la dejo.
rojedamestre@yahoo.com