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Éxodos

  • Pablo Marentes

Pablo Marentes

En 1804 Napoleón le vende a Jefferson la Luisiana. Y se suelta la migración ilegal a Texas. Los ilegales salían de Luisiana porque el Gobierno federal les cobraba impuestos por la tierra que cultivaban. Pero carecían de representación en el congreso federal. La misma situación que los Padres Fundadores argumentaron para independizarse de Inglaterra. En 1776 el presidente Jefferson hizo suya la causa. Su papá se había asentado en tierras interiores. Fue uno de los precursores –“pioneros” les dicen allá—de la marcha hacia el oeste.

Luego vino el tratado Transcontinental. España cedió la Florida en 1819 a cambio de que el Gobierno federal reconociera la frontera con Nueva España. Los españoles pensaron que así pondrían fin a la pretensión del Gobierno del Norte de que Texas estaba incluido en la compra de Luisiana. Entonces entró a escena Moisés Austin. Mostró su antiguo pasaporte español que le permitía vivir al norte de San Antonio.

Allí llegó con 300 familias originarias de Luisiana. En enero de 1821, los diputados de la provincia de Texas entregaron a cada jefe de familia 260 hectáreas, a su esposa 130 y 40 a cada uno de sus hijos. Más dos pilones: exención de impuestos por ocho años y una franquicia para importar, libre de impuestos, cualquier cosa que necesitaran.

En 1830 la mayoría de la población asentada en Texas era de ilegales procedentes de la recién independizada República de Estados Unidos. En 1833, los ilegales asesorados por William Travis y el mitómano exgobernador de Tennessee, Samuel Houston, propiciaron la independencia texana y su anexión a Amereka. Se les antojó entonces una parte de Canadá: Oregón, y los territorios mexicanos donde hoy se asientan Arizona, Nuevo México, Nevada, Utah y Colorado. Los estadunidenses no respetaron los elementales derechos de los mexicanos que habitaban en esos territorios: sus pertenencias, los juicios en curso, su facultad de optar por una nacionalidad. Ni en Arizona ni en Nuevo México los mexicanos fueron aceptados como
ciudadanos.

En 1943 Franklin Roosevelt convoca la contratación de trabajadores mexicanos más vasta que hubiera efectuado su país. Que quede claro: fue el Gobierno estadunidense el que desató en 1942 el proceso migratorio más numeroso, más doloroso y de mayor duración que el mundo ha conocido. Además anunció que la deuda mexicana era exigible de inmediato.

¿Debe sorprendernos hoy la decisión del Ejecutivo federal estadunidense de efectuar irrespetuosas, humillantes deportaciones con intenso matiz discriminatorio?

Lo que nos debe avergonzar, entristecer, es la incapacidad de la sociedad mexicana privilegiada y los Gobiernos de los pasados 55 años para asegurar el trabajo aquí a los más pobres, a los más esforzados y eficaces mexicanos: los del campo, para que produzcan aquí los alimentos que ahora se importan. Y para rescatar de la informalidad a los habitantes de la deterioradas e insalubres regiones urbanas.