imagotipo

Fiscalía Anticorrupción

  • Así es el derecho: Magistrado Elfego Bautista Pardo

Sin lugar a dudas, la corrupción es tema de interés general, pues, lamentablemente, a últimas fechas sobre todo, hemos sido testigos de actos de esa índole que han trastocado la confianza ciudadana en las instituciones, pese a que las personas involucradas en ellos sean menos en comparación con las que desempeñan con compromiso y entrega los cargos públicos que les son conferidos.

Basta mencionar nombres como Javier Duarte o Guillermo Padrés, para tener un panorama de cómo a últimas fechas el tema de la corrupción ha afectado a la opinión pública, la democracia y el desempeño de las funciones del Estado.

Por esa perversión de la cosa pública, en mayo de 2015 fue reformado el artículo 113 de la Carta Magna para crear el Sistema Nacional Anticorrupción, encargado de implementar políticas públicas para combatir a ese flagelo. Ya en 2014 se estableció en el artículo 104, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, incorporada a la Fiscalía General de la República.

Derivado de lo anterior, el 18 de agosto de 2016 se reformó la Ley orgánica de la Procuraduría General de la República para crear la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, como órgano con autonomía técnica y operativa encargado de investigar y perseguir los hechos que la ley considera de esa naturaleza.

Esa fiscalía contará con las mismas atribuciones que el Ministerio Público de la Federación, específicamente relacionados con actos de corrupción, y participará en el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

A cargo de esa fiscalía estará el nombramiento de los titulares de las unidades administrativas y sus direcciones generales; contará con agentes del Ministerio Público de la Federación y policías de investigación, miembros del servicio profesional de carrera; propondrá al Procurador General de la República el nombramiento de los agentes del Ministerio Público, y programas de capacitación, actualización y especialización; coordinará y supervisará la actuación de la policía de investigación, diseñará e implementará estrategias y líneas de acción para combatir los hechos que la ley considera delitos en materia de corrupción, fortalecerá e implementará mecanismos de cooperación y colaboración con autoridades de los tres órdenes de Gobierno y fomentará la cultura de la denuncia y de la legalidad en materia de los hechos presuntamente delictuosos en materia de corrupción, entre otras atribuciones.

Según lo establece el artículo décimo transitorio de la reforma constitucional que crea la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Senado debe nombrar al titular de ésta, con una aprobación de dos terceras partes de sus miembros. El elegido durará en su encargo hasta el 30 de noviembre de 2018, sin perjuicio de que pueda ser removido libremente por el procurador general o fiscal general; la remoción puede ser objetada por el Senado en un plazo de 10 días hábiles, al cabo del cual será sustituido o restituido. Asimismo, el nombramiento que realice el Senado puede ser objetado por el Ejecutivo Federal; si sucediera esto, el Senado designará a otra persona. La oposición del Ejecutivo  procede solo una vez.

Por esa encomienda, desde la semana pasada comenzaron a comparecer en la Cámara de Senadores 23 aspirantes al cargo, quienes han sido evaluados por un comité ciudadano consultivo integrado por los académicos María Cristina Puga Espinoza, Silvia Inclán y Luis Carlos Ugalde, que al día de hoy han considerado que solo cuatro de esas personas tienen el perfil de ética e independencia necesarios para ocupar la titularidad de la nueva Fiscalía:

Alejandro César Chávez Flores, exvisitador general de la Procuraduría General de la República (PGR); José Bernardo Espino del Castillo Barrón, excoordinador de delegaciones de la PGR; Manuel Luciano Hallivis Pelayo, extitular del Tribunal de Justicia Administrativa; y el embajador Miguel Ángel González Félix.

Esperamos con expectación quién sea nombrado, pues su labor será trascendental para restablecer la confianza de los ciudadanos en las instituciones del país y, por lo tanto, el fortalecimiento del Estado de Derecho y la democracia.

Así es el derecho.