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Fiscalización electoral: ¿Somos o nos hacemos?

  • Emilio Buendía Díaz

En medios de comunicación se ha estado criticando la actividad del INE en materia de fiscalización. Apartándose de la discusión que genera el caso del Estado de México, algunos especialistas han señalado como un acto deliberado del INE para exonerar al PRI de los resultados de la fiscalización la falta de publicación del reglamento en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Incluso, dicho argumento ha sido sostenido por el PRI en las impugnaciones que presentaron contra las determinaciones del INE: en su concepto es ilegal que no se haya publicado el reglamento en dicho diario.

No hay argumentos más erróneos que esos. Las reglas de fiscalización que se aplicaron en Coahuila, Estado de México, Veracruz, Nayarit, etc., fueron conocidas por los partidos políticos al haber sido notificados formalmente.

El PRI siempre tuvo conocimiento de las reglas, pues más allá de que impugnó el Acuerdo del INE por el que se reformó el reglamento de fiscalización (nadie impugna cuestiones que no conoce), lo más importante es que siempre fue notificado formalmente por el INE y por las autoridades electorales locales.

Nadie puede negar la omisión del INE de publicar oportunamente el reglamento en el DOF. Seguramente se deberán adoptar en lo interno acciones que corrijan dicha situación. Sin embargo, no es correcto sostener que dicha omisión sea una ilegalidad, ni mucho menos que ello se haya traducido en una actividad deliberada para favorecer a un actor político.

La publicación en el DOF garantiza el conocimiento general de las normas que se expiden, es decir, tiene como objetivo que la ciudadanía conozca el contenido para asegurar su observancia. En algunos supuestos, la publicación determina el inicio de su aplicación.

En el caso de los partidos políticos, las determinaciones del INE son conocidas formalmente por éstos en diversos momentos, ya sea cuando participan en la sesión del Consejo General o cuando son notificados individualmente. Todos los partidos políticos tuvieron conocimiento formal del reglamento de fiscalización y, por ende, todos sabían que su aplicación iniciaba al día siguiente de su aprobación. Así lo señalaba el Acuerdo del INE en ese aspecto.

De otro modo no podría entenderse que los partidos políticos se hayan sometido a esas reglas en la fiscalización que hubo de gastos de precampaña, ni mucho menos que atendieran a los requerimientos que el INE realizó para la presentación de sus gastos de campaña.

Hoy, el resultado de la fiscalización no gusta a los partidos políticos. El INE detectó el mayor gasto no reportado en procesos electorales locales, esto es, 228.7 millones, lo que sumará un total de sanciones en ese rubro por 342.1 millones de pesos. Eso significa que en menos procesos electorales que en 2016 (14), el INE desplegó una actividad fiscalizadora sin precedente.

Para muchos eso podrá ser insuficiente y la expectativa siempre será otra. Nulidades, sanciones, pérdidas de registro de partidos políticos, renuncia de Consejeros Electorales, entre otras. La exigencia pública sobre el actuar de la autoridad administrativa siempre debe ser valorada y analizada seriamente. La crítica tendenciosa y con objetivo de aplauso fácil, pese a conocer el funcionamiento del sistema electoral, solamente puede arrojar como conclusión la clásica expresión: somos o nos hacemos.

(*) Abogado especialista en temas electorales