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Flagrante violación a la Constitución venezolana

  • Alejo Martínez

  • Alejo Martínez Vendrell

La situación en Venezuela se agrava día a día. Resulta verdaderamente sorprendente el hecho de que, cuando el Gobierno de Maduro se enfrentaba a un endurecimiento de las posturas de la mayor parte de los países de América Latina y del Caribe, por el reconocimiento de las actitudes antidemocráticas o dictatoriales de su régimen, éste decide otorgarles plenamente la razón mediante una acción en abierta violación a la Constitución venezolana, que en ningún caso prevé que un poder tenga atribuciones para desplazar a otro y además asumir sus funciones.

Pero eso es exactamente lo que acaba de suceder cuando la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) dictó el pasado miércoles 29 una sentencia mediante la cual decidió que en adelante “esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”; asumiendo así todas las funciones legislativas de la Asamblea Nacional (AN) o teniendo capacidad para delegarlas, quizás en el Ejecutivo.

Ya con anterioridad había decretado la nulidad de decisiones del Poder Legislativo por considerar que éstas se habían tomado cuando se encontraba en desacato de sentencias anteriores del propio Tribunal. Ese “desacato” es en realidad inexistente, ya que el TSJ, buscando despojar a la oposición de la mayoría calificada, ordenó la desincorporación de tres diputados que ganaron sus respectivas elecciones. Para librar esa excusa que justificaba el desacato, los tres diputados impugnados se desincorporaron voluntariamente de la AN y ya no acudieron a las sesiones. Es así que se busca cualquier pretexto, por inventado o ilógico que fuera para mantener el pretexto del desacato y poder actuar así con desmesurada arbitrariedad, como la que ahora se perpetra.

Tengamos en cuenta que con esta medida la Sala Constitucional del TSJ, integrada por tan solo siete magistrados, en realidad designados “a dedazo” por el otrora omnímodo Ejecutivo en función de su fidelidad o sumisión a los dictados de su benefactor, decidió desconocer a los 167 diputados electos por todo el conjunto de la ciudadanía venezolana. Ello equivale al llamado “Fujimorazo” que sucedió en Perú en 1992, cuando el hoy preso Alberto Fujimori decidió cerrar el parlamento.

Ahora, al despojar de sus atribuciones y dejar sin poderes al Legislativo, equivale precisamente a su disolución. Pero la mano que mece la cuna, Maduro, declaró con cínica hipocresía -como si una medida de tal trascendencia y repercusiones nacionales e internacionales la hubiesen en verdad adoptado por su cuenta sus sumisos beneficiarios- que no conocía en absoluto esa decisión judicial.

Este grave atropello contra el Poder Legislativo constituye una ostensible violación al orden constitucional que apela y justifica a plenitud la inmediata aplicación de la Carta Democrática Interamericana. El canciller mexicano Luis Videgaray Caso, quien ha secundado al Secretario General de la OEA, Luis Almagro Lemes, impulsando la plausible intervención de la OEA en defensa de la democracia y la sociedad venezolana, le imprimiría mucha mayor legitimidad a la acción de su cancillería, si al mismo tiempo impulsara con determinación la intervención de la OEA frente al régimen Trump, a fin de garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de los inmigrantes indocumentados.
amartinezv@derecho.unam.mx

@AlejoMVendrell