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Fotomultas: Agravio capitalino | Punto de referencia | Daniel Aceves Villagrán

  • Daniel Aceves Villagrán

Con el incremento de vehículos para satisfacer las distintas necesidades de traslado tanto de pasajeros como de carga, el reordenamiento vial es necesario para regular la movilidad en las vías de comunicación al dotarlas de mayor fluidez y seguridad, con base en lo estipulado en los reglamentos de tránsito, medidas en apariencia sencillas pueden resultar todo lo contrario en la práctica cuando se carece del diseño y planeación de políticas públicas para ofrecer soluciones en la materia, como sucede en el Gobierno del Distrito Federal (GDF), que en las últimas semanas ha desatado polémica por la instalación de las fotomultas, bajo pretexto de reforzar el nuevo Reglamento de Tránsito que entró en vigor el 15 de diciembre, pues lejos de ser un mecanismo de utilidad social es señalado como todo un negocio redondo; la inconformidad generada considera que las infracciones son una medida de recaudación tributaria disfrazada, es decir, un impuesto indirecto más que una auténtica sanción vial para modificar los límites de velocidad, respetar los señalamientos y reducir los decesos por accidentes; sin embargo, el problema inicia desde la aparición de la licitación pública número LPN -30001066-08-15 en la Gaceta Oficial del GDF el 3 de julio de 2015, al ser declarada desierta se le asigna en forma directa a una empresa con solo tres años de experiencia quedando a cargo Autotraffic SA de CV, con el contrato SSP/BE/S/312/2015, al difundirse el monto y el sistema de recuperación de la inversión es cuando se profundiza aún más la desconfianza de este “método”, en el documento señala que para el año 2015 se realiza un primer pago de 29 millones de pesos, para el 2016 será de 76 millones y en el 2017 se hará con 67 millones, el total asciende a más de 173 millones de pesos a pagar hasta el 31 de diciembre de 2017, por concepto de instalar 58 dispositivos operando las 24 horas los 365 días del año y realizar el sistema de infracciones, pero en la hoja ocho del documento indica que la “cantidad de multas mínimas mensuales 2015-2017” es de 150 mil, que en promedio son cinco mil diarias lo que promueve el malestar en la población ya que presupone una cuota fija de multas a cumplir lo que repercutirá en el bolsillo de los automovilistas, ante este requisito quedan muchas dudas pues la empresa obtendrá el 46 por ciento de los ingresos y el GDF captará el restante 54 por ciento, no obstante al realizar los cálculos tan solo para los 24 meses que comprenden 2016 y 2017 se contabilizan 3 millones 600 mil multas que multiplicadas por la mínima infracción de 699 pesos da como resultado la escandalosa cifra demás de 2 mil 500 millones de pesos, ante semejante exceso el propio GDF tuvo que agregar un Addemdum aclaratorio al contrato, el SSP/BE/S/ADD/001/2016 modifica la frase: de cantidad de multas mínimas por un eufemismo:

“Proyección estimada de documentación de captación de conductas, mensual”, es claro que el GDF no plantea mecanismos de defensa para el automovilista, tampoco promueve una cultura vial que se avoque a las consecuencias y no las causas que generan los accidentes, ni metas para ello, el derecho de vía no privilegia al sujeto más frágil de los usuarios, ni tampoco se establecen propuestas de indemnización para familiares de las víctimas o rehabilitar las vías que están en pésimas condiciones, mucho menos la prioridad de actualizar el transporte público como alternativa de uso o iniciar una auténtica educación vial para respetar el Reglamento de Tránsito.

danielacevesv@yahoo.com.mx

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