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Fuero y desafuero / Así es el Derecho / Élfego Bautista Pardo

  • Élfego Bautista

En los últimos días una de las noticias de mayor difusión en los medios de comunicación nacionales, fue el del procedimiento de desafuero a Lucero Sánchez, diputada al Congreso Local de Sinaloa. Debido a su relevancia, es muy probable que cada paso del mismo sea ventilado a la opinión pública, razón por la que en esta ocasión considero oportuno referirme al denominado procedimiento de desafuero y, claro, al fuero constitucional.

En artículos anteriores señalé la importancia de la existencia de un sistema de responsabilidad de los servidores públicos como mecanismo de control a su actuación y, a la vez, garantía a los ciudadanos de que prevalecerá siempre el principio de legalidad en la administración pública. Asimismo, se estableció que en el sistema de responsabilidades que existe en nuestro sistema jurídico se distinguen cuatro tipos de éstas: administrativa, civil, política y penal.

Sin embargo, cierta clase de servidores públicos tenemos una prerrogativa a nuestro favor, la cual nos exime de ser detenidos, procesados o encarcelados sin previa autorización del Congreso Federal o locales, según al que pertenezca el funcionario público, y solo en los casos que determinan las leyes. Dicho privilegio comúnmente es denominado fuero. En nuestro lenguaje jurídico, el desafuero constitucional puede entenderse como requisito a cumplir para poder proceder penalmente contra servidores públicos que delincan.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el fuero es un privilegio que se nos confiere a determinados servidores públicos también para salvaguardarnos de acusaciones sin fundamento, así como para mantener el equilibrio entre los Poderes del Estado. En regímenes democráticos el fuero es un impedimento legal para que quien goce de esa prerrogativa quede sometido a la potestad jurisdiccional, sin que ello impida al desarrollo de investigación ministerial.

Cuentan con fuero constitucional el Presidente de la República, los diputados y senadores al Congreso Federal, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura Federal, los secretarios de despacho, el fiscal general de la República, el consejero presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, los ejecutivos de las entidades federativas, diputados locales, magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas, los miembros de los Consejos de las Judicaturas federal y locales y los integrantes de los organismos a los que las Constituciones locales les otorguen autonomía.

En este sentido, el procedimiento de desafuero (declaración de procedencia) tiene como finalidad poder actuar contra el servidor público en caso de la comisión de delitos durante el tiempo de su encargo, es decir fincarle responsabilidad penal. Se rige por el artículo 111 constitucional y el Titulo Segundo de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores públicos, y por regla general se desarrolla ante la Cámara de Diputados, la cual declarará, por mayoría absoluta, si hay o no lugar a proceder contra el inculpado.

Si la Cámara de Diputados declara que ha lugar a la declaración de procedencia, el individuo sometido a procedimiento de desafuero quedará a disposición de las autoridades competentes. Si se resuelve negativamente, se suspenderá el procedimiento, sin que ello signifique que la imputación por la comisión del delito quede sin efectos cuando la persona sujeta a investigación concluya su encargo.

Es oportuno mencionar que por lo que hace al Presidente de la República, el procedimiento se realiza en la Cámara de Senadores en los mismos términos que un juicio político, el cual es el medio para fincar responsabilidad política a los servidores públicos señalados en párrafos anteriores. Con la existencia del fuero constitucional y el procedimiento para desafuero se busca estabilidad en el ejercicio del poder público y evitar a toda costa la impunidad, todo en pro del fortalecimiento del Estado de Derecho y, sobre todo, la protección de los intereses y derechos de los ciudadanos.

Así es el Derecho