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Garantizar la libertad de expresión

  • Daniel Ávila Ruíz

  • Daniel Ávila Ruiz

Durante las últimas semanas hemos podido constatar que nos encontramos ante un panorama lamentable de aumento en el número de agresiones hacia profesionales de la comunicación.

Los periodistas deben mantener informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad. Y para eso existe el deber jurídico del Gobierno mexicano de garantizar la seguridad de los periodistas.

Así, en 2006 se creó la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos contra Periodistas, con sustento en los artículos sexto y séptimo de nuestra Constitución, que precisan la protección de la libertad de expresión de las ideas.

Posteriormente -en 2010- se hizo una transformación en Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Durante estos años de existencia, los resultados de la FEADLE no han presentado avances significativos en la investigación y castigo de responsables de agresiones contra periodistas, pese a que el titular del Ejecutivo federal, en el marco de la Asamblea de la Sociedad Interamericana de Prensa, afirmó: “la fiscalía cuenta con nuevas atribuciones legales para atender y atraer las denuncias contra ataques a periodistas en el desempeño de su profesión”.

De acuerdo con información de la propia PGR, la Fiscalía ha abierto 604 averiguaciones previas y/o carpetas de investigación de diciembre de 2012 a enero de 2017. De estas, únicamente existen tres sentencias condenatorias por delitos cometidos en contra de periodistas.

Es decir, un porcentaje de 99.51 de las averiguaciones que se abren termina sin condena para quienes son responsables por los delitos cometidos contra periodistas.

Según datos del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), México ocupa actualmente el 7º lugar a nivel mundial y el 1º de 13 países de Latinoamérica con este tipo de delitos, que tienen como origen la cobertura a problemas como la corrupción y la guerra en sus respectivos países.

En el Senado de la República existen propuestas para revertir las situaciones de riesgo en que trabajan los comunicadores en México. El GPPAN ha promovido que el titular de la PGR comparezca ante comisiones del Senado sobre los delitos cometidos contra periodistas.

Asimismo, legisladores del GPPRD tienen previsto presentar una iniciativa para reformar el marco jurídico vigente en el país y se agote toda línea de investigación en los casos de agresiones derivadas de su labor informativa, con el propósito de identificar a personas y grupos criminales que pudieran tener interés en perpetrar alguna agresión, así como sus probables vínculos con servidores públicos.

Los legisladores debemos estar atentos a que el Estado mejore los mecanismos actuales de protección a periodistas a través de diversas instituciones, para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión.
*Senador por Yucatán