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Gobernadores en fuga

  • Pedro Peñaloza

“Cuanto más corrupta una sociedad, más numerosas las leyes”.

Edward Paul Abbey

1. Contradicciones y complicidades. La detención de Tomás Yarrington abre un nuevo capítulo de la dilatada y añeja relación entre el poder y la corrupción. Su captura se da en un contexto de desprestigio creciente del presidente Peña y no representa una buena noticia para el reciclaje del priísmo, máxime con la compleja elección que se avecina en el Edomex, síntesis y símbolo del grupo político dominante.

Los datos indican que ni el Gobierno federal, ni tampoco el estatal tenían interés de apresar a Yarrington. Aquí, algunos datos de diversos medios de información que lo corroboran: se ha dicho que durante su permanencia en la clandestinidad se le destinaron ocho escoltas al exgobernador prófugo, pagados por la Procuraduría de Tamaulipas. Cada uno de ellos portaba una pistola marca Glock y un fusil AR-15. Dichos guardias tenían salarios diferenciados, uno de ellos percibía un sueldo mensual de 25 mil 361 pesos. El salario de los otros siete oscilaba entre 19 mil y 22 mil pesos mensuales. El oficio de comisión de los agentes había sido renovado, apenas el primero de julio de julio de 2016 (Mauleón, El Universal, 11/4/17).

Asimismo, el seguimiento de inteligencia fue llevado a cabo únicamente por el Departamento de Seguridad Interna de los EU y la Interpol. Ya en la detención en Florencia, y, antes en el rastreo en la pequeña localidad sureña de Paola, Calabria, (zona de la mafia calabresa: La Ndrangheta), se sumó la policía italiana al operativo. Además, una pista clave que siguieron los investigadores fue el viaje que realizó la esposa del exmandatario a Francia con el objetivo de reunirse con el exgobernador prófugo (Reforma, 11/abril/17, p. 6). Hasta ahora no hay ningún dato que ilustre la participación de policías mexicanas en el seguimiento y la posterior captura.

Ahora bien, lo que sigue es una disputa diplomática, nada irresoluble entre dos gobiernos asimétricos, donde la administración peñista no tiene mucho margen de maniobra, ni fuerza para ganar la extradición. El quid es el disparo de la llamada ficha roja (procedimiento de movilización policial de Interpol para la búsqueda internacional), cuyas fechas son distintas entre los gobiernos de México y EU, el primero data del 17 de diciembre de 2012, y, en el caso de los gringos, es del primero de marzo de 2016. Elementos cronológicos que formalmente podrían influir en la entrega del exgobernador a alguno de los dos países.

2. Con los dedos en la puerta. La reacción de la dirigencia  priista fue tan hueca como demagógica. Veamos: “estamos porque se castigue a los corruptos”, diría el gerente de partido tricolor, Enrique Ochoa. Sin embargo, olvida éste administrador, que en su momento el candidato Peña Nieto desestimó las denuncias contra Yarrington, aduciendo que eran simples ataques a su campaña. Por supuesto, el aparato tricolor tiene que reaccionar de manera cínica y gritar: “al ladrón al ladrón”. Sus bonos en el mercado electoral y en la percepción social no están en buenas condiciones.

Es evidente que el problema no únicamente radica en lo anterior, de suyo muy importante, sino que los escenarios que se avecinan pudieran ser explosivos y graves para las expectativas triunfalistas  que calculen desde Los Pinos. No podría ser nada atractiva ninguna campaña electoral que arrastre estandartes con figuras de gobernadores corruptos, estén o no en la cárcel. Esta es ya una variable incontrolable. Tiempo tendremos para ver cómo la crisis del grupo dominante se conjuga con las anemias de los partidos opositores.
pedropenaloza@yahoo.com

@pedro_penaloz